Una violenta huelga de maestros enturbia la campaña mexicana

El conflicto de los maestros del Estado mexicano de Oaxaca, que amenazan con boicotear las presidenciales del 2 de julio en México, entró ayer en una tregua tras los enfrentamientos del miércoles que causaron 28 heridos. Representantes de los docentes, del Gobierno del Estado y de la Secretaría federal de Educación iniciaron conversaciones para solucionar una huelga de 70.000 trabajadores de la enseñanza que dura 25 días y afecta a 1,4 millones de alumnos.

Los huelguistas reclaman un aumento salarial y exigen la dimisión del gobernador, Ulises Ruiz, y han amenazado con boicotear las elecciones presidenciales del 2 de julio, en un Estado dominado tradicionalmente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Unos 1.000 policías lograron desalojar momentáneamente a los maestros que ocupan la plaza del Zócalo, en pleno centro de Oaxaca, lo que derivó en violentos enfrentamientos, con el balance de 19 maestros, seis policías y tres civiles heridos.

Tras una batalla campal en el centro histórico de la capital de este Estado -situado al sur del país, a 465 kilómetros de la capital federal y con una población de 3,3 millones de habitantes-, los docentes ocuparon nuevamente la plaza y los otros puntos de la ciudad donde permanecen acampados. Los huelguistas dicen estar listos para enfrentar un nuevo operativo policial.

Antes de entrar a la reunión, el líder sindical Enrique Rueda anunció su intención de poner sobre la mesa una serie de condiciones previas, que incluyen la puesta en libertad de los detenidos, reparación de los daños y recuperación de la emisora Radio Universidad, que fue desalojada el miércoles por las fuerzas policiales. Las 14.000 escuelas públicas del Estado de Oaxaca continúan cerradas y la mayoría se resisten a abrir las puertas ante el continuo desfile de manifestantes.

Violentos incidentes

Rubén Aguilar, portavoz del presidente Fox, reiteró ayer que el Gobierno federal no puede satisfacer la demanda de los maestros, que implicaría, según dijo, un desembolso de 1.500 millones de pesos (unos 100 millones de euros) que no tiene el Ejecutivo y que violaría el presupuesto aprobado por el Congreso. El portavoz presidencial negó que el movimiento de los maestros oaxaqueños sea un "foco rojo" o un peligro para el proceso electoral.

Los violentos incidentes del miércoles han traído a la memoria los últimos conflictos sociales registrados en México. El pasado 21 de abril, dos trabajadores murieron y otros dos resultaron heridos cuando la Policía desalojó a 500 huelguistas en una fábrica en la localidad de Lázaro Cárdenas (Michoacán) que apoyaban al líder minero Napoleón Gómez Urrutia.

El 4 de mayo se produjeron los enfrentamientos entre policías y vendedores ambulantes en la localidad de San Salvador de Atenco (Estado de México), con un balance de un muerto y 15 heridos y más de detenidos. Un numeroso contingente de la Policía Federal irrumpió para liberar a cuatro agentes retenidos por lugareños y, según denunciaron organizaciones humanitarias, cometieron diversos desmanes y abusos contra la población.

Un reciente informe de la organización Human Rights Watch (HRW) sobre la situación de derechos humanos en México durante el sexenio del presidente Fox advierte de las prácticas abusivas y la falta de profesionalidad de las fuerzas policiales. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas, de HRW, señaló a este periódico que las amenazas son un recurso habitual de la policía. "Los mexicanos no han sido suficientemente exigentes con la Fuerza Pública, que recurre al atajo para arrancar confesiones con malos tratos. No se avanza en seguridad pública y tampoco en derechos humanos", añadió.