La fiscalía pide el archivo de la denuncia por el supuesto permiso ilegal de un bingo

La fiscalía propone el archivo de la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número dos de Valencia por la supuesta autorización ilegal de apertura de un bingo en Valencia. En 1998, la empresa Gestora de Bingos Mare Nostrum solicitó una licencia. La comisión rechazó la autorización en octubre de 1999 porque había una sala en funcionamiento a escasos metros del lugar. Tras esa decisión, Bingos Mare Nostrum presentó un recurso que obtuvo como respuesta el silencio administrativo. Así las cosas, el asunto se trasladó a un tribunal de lo Contencioso-Administrativo. Pero antes de que hubiera respuesta, en diciembre de 2000, se desiste de la vía penal y siete más tarde la comisión consideró aceptable el recurso al que inicialmente no había contestado. El bingo se autorizó en febrero de 2002.

Mare Nostrum, propiedad de la inmobiliaria Urbem, está en la misma manzana en la que Levantina de Juegos y Servicios explota otra sala de similares características. El propietario de esta última había logrado paralizar la primera solicitud de apertura del bingo de Mare Nostrum. Lo consiguió al amparo de un reglamento que exige una distancia mínima entre las salas.

Sin embargo, el pasado año, después de que la Comisión Técnica del Juego autorizara la apertura de la sala de Mare Nostrum en 2002 (la firmó el entonces consejero de Hacienda Vicente Rambla), José Rovira, el empresario lesionado, denunció ante la Guardia Civil los cambios de criterio de la Comisión Técnica del Juego. La denuncia refería incluso supuestos pagos ordenados por José Pastor Marín, presidente de Urbem, para ganar el favor de la Generalitat.

Informes contradictorios

Los funcionarios que formaban la Comisión Técnica del Juego entre octubre de 1998 y julio de 2001 afirmaron ante la juez instructora que elaboraron dos informes contradictorios para denegar, primero, y autorizar, después, la licencia de apertura de una sala de bingo. Con ello, respaldaron las afirmaciones de Cristina Serrano, secretaria de Hacienda y presidenta de la Comisión Técnica del Juego cuando ocurrieron los hechos.

Uno de los testigos relató que la comisión se limitó a revisar "una aplicación restrictiva de la ley", en primera instancia, "por una interpretación más ajustada", en segunda instancia. El hecho es, según fuentes del caso, que la Fiscalía entiende que no hubo tal cambio de criterio sino que mientras se resolvía la primera negativa y el expediente estaba aún vivo, una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia obligó a que se tuvieran en cuenta determinados criterios adicionales que finalmente favorecieron la apertura. La propia presidenta entonces de la comisión declaró que su error pudo ser el de no argumentar esa decisión. La Fiscalía, que ha revisado la norma y las insinuaciones de posibles pagos para obtener a cambio la licencia, entiende que no ha habido ilícito, que la concesión es correcta. Y pide el archivo.