"No hay dinero que me compense"

Carmen Fernández tiene 47 años pero parece pesar lo mismo que una niña de 10. En un cuerpo escuálido como el suyo, toda la fuerza se concentra en los ojos. "Para mí no hay dinero en el mundo que me compense por estos 10 años, como no hay dinero que me compense por una enfermedad irreversible ni por devolverme la salud a mí o a mis hijos", suelta sin pestañear.

Ayer compareció ante la prensa por vez primera desde que la Audiencia de Sevilla dictó en diciembre pasado un auto sin precedentes en la justicia española, que condenaba a la Junta de Andalucía a indemnizarla con 1,7 millones de euros por la "privación ilegítima" de sus hijos, declarados en desamparo en 1996. Y compareció para denunciar que, cinco meses después de la resolución, ni le han pagado ni han puesto en marcha un régimen de visitas con su hijo menor, al que vio por última vez en 2000. "Iba llorando, pobrecito, fue en un punto de encuentro familiar, pero no hay día en que no piense en él", recordaba ayer en una entrevista con este diario.Por decisión propia, su hija mayor, de 15 años, convive con ella desde 2004.

Cinco meses después del auto que obligaba a la Junta a pagar 1,7 millones, un juez ha retenido el dinero

Durante una década, Carmen Fernández soportó un "largo y tortuoso calvario", según el tribunal que le dio la razón, que arrancó en 1996, cuando la Junta le retiró a dos niños, de cuatro y cinco años, por su alcoholismo. Rehabilitada poco después, la mujer inició una batalla para recuperar a los pequeños, entregados en acogimiento preadoptivo a una familia sevillana, corroborado por el Juzgado de Primera Instancia y Familia número 7 de Sevilla.

Aunque Carmen Fernández recibió una sentencia favorable por primera vez en 2000, la sucesión de recursos interpuestos por diferentes partes -incluido uno de los acogedores ante el Tribunal Constitucional- contribuyó a dilatar el pleito durante una década y finalmente a hacer inviable el retorno de los niños al hogar biológico. Por esta razón, la Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla estableció en diciembre de 2005 que la mujer fuese compensada con 1,7 millones por el sufrimiento causado por la separación de los niños.

La decisión de los jueces irritó profundamente en la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, aunque su titular, Micaela Navarro, anunció que pagarían la indemnización aun en el caso de que recurriesen al Tribunal Constitucional. Finalmente, la Junta presentó un recurso de amparo en febrero ante el alto tribunal, al considerar que la Audiencia de Sevilla le imputaba "responsabilidades" que no le correspondían y que empleaba "criterios de valoración no ajustados a derecho". A pesar del recurso, la Junta depositó en una cuenta del juzgado los 1,7 millones, si bien a continuación pidió al Tribunal Constitucional la suspensión del pago o que se fijase una fianza sobre la cuantía en caso contrario. "Hemos usado el procedimiento habitual cuando las resoluciones son de condena pecuniaria, no es viable el pago directo", explica la directora general de Infancia y Familias de la Junta, Carmen Belinchón. La suspensión, explica, pretende garantizar "la recuperación" del dinero en caso de que finalmente el Constitucional les dé la razón.

El juez de Primera Instancia y Familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano, justificó ayer su decisión de retener el pago del dinero por la petición de la Junta, informa Europa Press. "La cuestión es que este tema se licite por el Constitucional y se resuelva en derecho", dijo. El juez ha sido recusado por Gabriel Velamazán, el abogado de Carmen Fernández, que considera que "hay datos que pueden hacer dudar de su imparcialidad". Su clienta iba más al grano: "Me pregunto qué le he hecho o qué no le he hecho al juez para hacerme tal cantidad de perrerías".