Tierra quemada

Una lectura detenida del informe sobre el imparable proceso de edificación y urbanización en España, elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente, revela de forma muy precisa las indeseables consecuencias del modelo de crecimiento económico español, basado casi exclusivamente en la construcción, la explotación intensiva del suelo para satisfacer el mercado turístico y en la obtención de plusvalías descomunales mediante la especulación inmobiliaria.

Entre 1987 y 2005, la superficie edificada en España ha aumentado un 40%. El 34% del litoral mediterráneo, depredado por la especulación urbanística, tiene totalmente edificado su primer kilómetro. El ritmo medio de aumento de suelo construido (1,9% anual) triplica la media de los países europeos. Y si se mantiene este disparatado ritmo de edificación, la superficie construida el año 2010 habrá aumentado el 52%, con la consiguiente destrucción de humedales, el deterioro medioambiental y el crecimiento insostenible del consumo de agua en urbanizaciones para segunda vivienda y en complejos turísticos masivos.

Las razones pueden rastrearse en el caótico modelo de crecimiento económico, impulsor de una burbuja inmobiliaria resistente por ahora a los intentos de corrección del mercado, a un modelo turístico basado en la acumulación de urbanizaciones en las playas y a la descoordinación, entre la autoridad del Estado -departamentos de Vivienda y Medio Ambiente- y las autonómicas y municipales. Sobre los dos primeros puntos, cabe una observación desalentadora. La explosión inmobiliaria no se ha traducido en viviendas más accesibles, sino todo lo contrario; y tampoco contribuye a impulsar el mercado turístico, puesto que el caos urbanístico de la costa es una de las razones que explican el desinterés creciente de los turistas europeos por los destinos tradicionales en España.

El desorden administrativo que avala este urbanismo salvaje sólo se corrige si se admite que la edificación reclama a gritos una gestión coordinada. El modelo actual, que confiere a los ayuntamientos la potestad de autorizar recalificaciones sin tino ni medida, sin apenas limitaciones medioambientales, para financiarse con la explosión del turismo de inmobiliaria, es impracticable ya a corto plazo y puede destruir las bases de nuestro crecimiento económico a medio. Ni las leyes autonómicas del suelo pueden favorecer la destrucción medioambiental del litoral ni el Estado puede permitirse el lujo de observar cómo se perpetran tropelías que ponen en peligro el bienestar ciudadano. Estado, autonomías y municipios deben explorar la posibilidad de constituir una institución independiente y colegiada que sea capaz de ordenar el incontrolado complejo inmobiliario-turístico.