Vecinos de El Puerto exigen compensaciones por la tercera cárcel

La Plataforma por la Seguridad Ciudadana, una agrupación formada por asociaciones de vecinos, comerciantes y sindicatos de El Puerto de Santa María, celebró ayer una concentración frente a las obras de Puerto III, la nueva prisión que se construye en la localidad. Los manifestantes -alrededor de medio centenar- protestaban por la ausencia de medidas compensatorias ante esta nueva instalación. Exigen que la contrucción de la nueva cárcel venga acompañada de un aumento del número de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y de recursos económicos especiales para las barriadas más deprimidas.

"El Puerto va a convertirse en la única ciudad de la Unión Europea con tres macrocárceles, que en total concentrarán a unos 5.000 internos", se quejaba el portavoz de la Plataforma, Luis Hiniesta, quien considera que la Comisaría portuense no puede abarcar más responsabilidades: "Junto a las localidades de El Puerto y Puerto Real, se encargan de la vigilancia de las prisiones, del traslado de los internos y de los funcionarios, de módulo clínico penitenciario y, con el desmantelamiento de la Guardia Civil, de las zonas rurales".

La Plataforma por la Seguridad Ciudadana denuncia además que los puestos de la Comisaría de Policía no se cubren. Según el portavoz del colectivo, "faltan entre el 20% y el 40% de los agentes de un catálogo que no se ha aumentado desde el año 1995".

El pleno del Ayuntamiento de El Puerto aprobó hace cinco años la creación de un Consejo Local de Seguridad en el que los ciudadanos pudieran expresar sus quejas. Sin embargo, este órgano aún no ha sido convocado por el alcalde, Hernán Díaz, de Independientes Portuenses, quien se comprometió a emplazar a sus integrantes a una primera reunión después del mes de abril.

La de ayer fue la segunda concentración de la Plataforma frente a las obras del centro Penitenciario Puerto III, pero los convocantes han advertido de que continuarán con sus protestas, cada mes, hasta que obtengan una respuesta del Gobierno y el Ayuntamiento.