El fiscal pide 10 años de prisión para el teniente del 'caso Roquetas'

El Ministerio Fiscal ha solicitado en sus conclusiones provisionales una pena de 10 años de prisión para el teniente de la Guardia Civil José Manuel Rivas por los delitos de atentado grave contra la integridad moral, lesiones y homicidio imprudente, en el caso del agricultor Juan Martínez Galdeano, de 39 años, que se refugió el 24 de julio de 2005 en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) y ya no salió con vida. La juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas, Estefanía López, ha dictado el auto de apertura de juicio oral ante la Audiencia de Almería.

La Fiscalía pide para cada uno de los otros siete guardias civiles supuestamente involucrados en los hechos -a excepción del imputado Antonio García Ruiz, de quien pide el sobreseimiento y archivo de las actuaciones- dos años y seis meses por el delito de homicidio imprudente, dos años por atentado grave contra la integridad moral, y tres años y seis meses de prisión por un delito de lesiones.

Para el teniente Rivas que era, además, el jefe del puesto de la Guardia Civil, el fiscal solicita tres años de prisión por homicidio imprudente, dos años y seis meses por atentado grave contra la integridad moral y cuatro años y seis meses por un delito de lesiones.

El fiscal considera que los ocho agentes acusados "retuvieron y golpearon al detenido mientras permanecía de cúbito supino caído en el suelo, inmovilizadas sus extremidades mediante grilletes colocados en las muñecas y un lazo de seguridad que el guardia Muñoz Montes le puso en los tobillos, haciendo uso de los medios antirreglamentarios (...) empleados por el teniente y por el agente Moreno, quien con el bastón extensible golpeó reiteradamente al detenido en ambos costados, de una defensa de goma utilizada por la acusada María José Sánchez y de un spray de defensa usado por el acusado Muñoz Montes".

Tras permanecer el detenido inmovilizado durante varios minutos, los cinco agentes que en el último momento de su vida sujetaban a Galdeano -ya que los otros cuatro se habían trasladado al centro de salud para ser curados de lesiones- "se percataron de que no respiraba", por lo que comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada, a las 17.43, del personal sanitario, que certificó la muerte del agricultor. La causa del fallecimiento, según la autopsia, fue una "insuficiencia cardiorrespiratoria aguda causada fundamentalmente por una reacción adversa a drogas de abuso, debida a un consumo previo de cocaína y por la existencia de otros factores concausales".

El ministerio público incluye como factores "concausales" de la muerte del agricultor las agresiones sufridas en la "detención, forcejeo, inmovilización en decúbito prono, dolor por los traumatismos causados, uso de spray de capsicín y aplicación de defensa eléctrica que, como agentes necesarios, se asociaron a la causa principal (...) causante de la muerte".

Además, considera que los acusados, conjunta y solidariamente, y la Administración del Estado, como responsable civil subsidiaria, deben indemnizar a la viuda de Galdeano con 80.000 euros, y al hijo, de 19 años, con 15.000 euros.

El fiscal propone como pruebas para el juicio las testificales de los guardias civiles y de médicos forenses, entre otras declaraciones, pruebas documentales y el visionado del DVD grabado por las cámaras de seguridad en los exteriores del cuartel. Esta grabación recoge la actuación de los agentes en su intento por reducir al agricultor y su existencia no fue revelada por el teniente, según llegó a manifestar el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso.

Queja de la defensa

La defensa de los guardias civiles expresó ayer su "sorpresa, decepción e indignación" por la calificación provisional hecha por el fiscal, a quien tildó veladamente de imparcial. La acusación particular en representación de la familia del agricultor Juan Martínez Galdeano mostró una "satisfacción moderada".

José Ramón Cantalejo, que considera que lo ocurrido en el cuartel de Roquetas fue un homicidio en toda regla, hizo una valoración en tono agridulce. "Los tres delitos por los que se acusa a los guardias consideran que fue un homicidio imprudente, frente a nuestra calificación, en la que consideramos que se pudo evitar y que hubo una voluntad, por lo menos en un momento determinado, y pudieron darse cuenta de que la tremenda paliza que le estaban dando podía terminar en lesiones que le causaron la muerte. Confiamos en la justicia y esto viene a demostrar que, pese a que sean guardias civiles, la Fiscalía y los tribunales son capaces de sentarlos en un banquillo y solicitar 10 años de prisión", dijo el letrado.