El Rey destaca la importancia de la "seguridad jurídica" para las inversiones iberoamericanas

El rey Juan Carlos resaltó ayer la importancia de la "debida seguridad jurídica" para las relaciones económicas y las inversiones extranjeras en los países iberoamericanos, que "se encuentran en un proceso de desarrollo económico muy importante". Según el monarca, que ayer inauguró el I Congreso del Club Español del Arbitraje (CEA), la seguridad jurídica es también importante "para el incremento de las relaciones e intercambios comerciales entre los diferentes países de aquel continente".

El pasado 1 de mayo, el Gobierno de Evo Morales decretó la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos. Según Jesús Remón, socio de Uría y Menéndez, las diferencias entre empresas y naciones están reguladas por los acuerdos de protección de inversiones, que son "un seguro normativo a nivel internacional". España y Bolivia están negociando la situación las inversiones españolas afectadas, centradas en la petrolera Repsol YPF, al amparo de un tratado que prevé un plazo de seis meses para llegar a un acuerdo, antes de pasar a una segunda fase que podría dirimirse en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), instancia de arbitraje del Banco Mundial.

El CEA nació el pasado febrero, según explicó ayer su presidente, José María Alonso, con el objetivo de "atraer hacia España el mayor número de arbitrajes internacionales".

Todos los grandes despachos de abogados están unidos en este empeño, que aspira a convertir a Madrid en una sede internacional de arbitrajes internacionales entre empresas, especialmente si una de ellas es latinoamericana. En la actualidad, esos conflictos se suelen resolver en Miami.

Pero Alonso enumeró algunas de las razones que justifican la idoneidad de España para asumir parte de ese papel en la escena internacional. La afinidad entre el sistema jurídico español y el de los países latinoamericanos, por ejemplo, ya que, al final, los convenios de arbitraje establecen la jurisdicción en la que se dirimirán las diferencias. Además, señaló Alonso, se puede demostrar que el coste de los servicios jurídicos españoles es inferior a los anglosajones. Todo ello viene también impulsado por la reforma de la Ley de Arbitraje en 2003, que flexibilizó los procedimientos amparados en este sistema de resolución de conflictos.

El vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, anunció ayer que el gobierno madrileño estudia promover Madrid como capital del arbitraje a través de la creación de una sede específica en la Ciudad de la Justicia.