Las diputaciones abren otro frente contra la ley de Suelo por invadir sus competencias

La azarosa tramitación del proyecto de ley de Suelo ha encontrado un nuevo obstáculo, precisamente cuando se había conseguido un alto grado de consenso político sobre el texto y se hallaba a punto de ser aprobado. Las diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya, controladas por el PNV, y la de Álava, gobernada por el PP, no están conformes ahora con la última redacción acordada con Eudel por estimar que altera sus competencias y se plantean presentar una impugnación ante la Comisión Arbitral, lo que podría impedir que la norma sea refrendada por el Parlamento antes del verano.

La disconformidad de las tres diputaciones con el proyecto de ley de Suelo pone patas arriba el acuerdo que se había alcanzado, después de intensas y difíciles negociaciones, entre el Departamento de Vivienda, en manos de EB, y el PSE-EE, al que posteriormente se han sumado Aralar y, en última instancia, la Asociación de Municipios Vascos (Eudel). Cuando la tramitación parlamentaria se encontraba ya en su recta final (estaba previsto aprobar la ley este mismo mes) tras más de dos años de tramitación parlamentaria, las tres instituciones forales se han descolgado ahora con que la redacción final del texto supone una alteración de sus competencias urbanísticas. Y no descartan plantear una cuestión de competencia ante la Comisión Arbitral, el órgano que resuelve los conflictos entre las instituciones comunes de Euskadi y las forales.

Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa están analizando por su cuenta si cabe impugnar el dictamen de la comisión parlamentaria que próximamente será publicado en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco. Álava, por su parte, estudia si caben otras fórmulas para impedir que prospere la norma. Los gobiernos forales consideran que el acuerdo suscrito por el consejero Javier Madrazo (EB) con Eudel reduce notablemente la capacidad que ahora tienen las diputaciones para tutelar los planes urbanísticos municipales. Con el texto pactado, los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes pueden aprobar sus normas subsidiarias sin necesidad de recibir el visto bueno de la Diputación.

El consejo de diputados vizcaíno estuvo a punto de impugnar la semana pasada el proyecto (figuraba en el tercer punto del orden del día), pero finalmente el asunto quedó encima de la mesa a la espera del resultado de las negociaciones con Eudel. Guipúzcoa tiene previsto tratarlo en el consejo que celebrará el próximo martes, según adelantó ayer, Joxe Joan González de Txabarri, diputado general de esta provincia.

Los obstáculos del PNV

Txabarri afirmó que aprobar el texto actual supone una importante alteración a la baja de las competencias forales respecto a la situación actual. No mencionó que represente un cambio de la ley de Territorios Históricos (LTH), como sí apuntaron fuentes de la diputación vizcaína.

La oposición de Vizcaya y Guipúzcoa pone una vez más al descubierto la actitud ambigua mantenida por el PNV a lo largo de todo el proceso, en el que ha ido poniendo una sucesión de obstáculos al consejero de Vivienda. En la anterior legislatura, los peneuvistas aceptaron dar cauce parlamentario al proyecto a cambio del apoyo de EB al plan Ibarretxe. En la actual, el PNV, con sus propuestas presentadas a destiempo y una actitud oscilante, ha evidenciado las reservas que mantiene sobre el proyecto legislativo, pese al respaldo que ha recibido del propio lehendakari, Juan José Ibarretxe.

Fuentes del PNV consultadas consideraron incomprensible la postura de las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, máxime cuando el acuerdo con Eudel se había cerrado con el visto bueno del partido. El Departamento de Vivienda optó ayer por guardar silencio, aunque sus responsables sostienen que corresponde al PNV resolver este nuevo escollo. En la misma línea, Eudel mantuvo un mutismo total. Un portavoz aseguró que no habrá comentarios al respecto hasta que el Parlamento apruebe a finales de junio, si llega a hacerlo, el proyecto de ley.

La Diputación y la ejecutiva del PNV de Vozcaya fueron los que gestaron la propuesta peneuvista que se presentó en el Parlamento para modificar el acuerdo entre Vivienda y el PSE, lo que entonces ya causó malestar en otros sectores del PNV. Este partido tampoco cuenta en este asunto con el apoyo de EA, su socio en las diputaciones y en el Gobierno. Según un comunicado emitido ayer, esta formación explicitó su "adhesión y respaldo inequívoco" al proyecto de ley, y anunció que sus diputados forales se opondrán, "si llega el caso", a una hipotética impugnación. La ley de Suelo, según el partido presidido por Begoña Errasti, no supone ninguna apropiación de competencias forales, sino que recupera la autonomía municipal en materia urbanística.