La tramitación del proyecto puede quedar paralizada en el Parlamento

En el Registro del Parlamento obra en estos momentos un escrito de las diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya comunicando la iniciativa ante la Comisión Arbitral. Pero todavía no se ha divulgado si plantean formalmente la cuestión de competencia o anuncian la posibilidad de suscitarla, ya que no han pasado por la Mesa del Parlamento, que tomará conocimiento de él el próximo martes.

Ésa será la única implicación de la Cámara, ya que las decisiones sobre si aceptar o no el recurso y si, en este último caso, se suspende la tramitación del proyecto de ley hasta haya un dictamen, corresponden a la Comision Arbitral. Este órgano está compuesto por tres representantes del Gobierno y otros tres de las diputaciones forales.

La impresión, no oficial, en medios jurídicos del Parlamento es que no cabría ahora la actuación de las diputaciones, al llegar fuera del plazo establecido: veinte días a partir de la publicación del proyecto de ley en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco. El proyecto entró en la Cámara el 15 de septiembre de 2005 y apareció publicado el 22 del mismo mes.

Sin embargo, las mismas fuentes señalan también que el texto original ha sufrido tantas modificaciones desde su presentación y publicación -por el pacto con el PSE, por las enmiendas del PNV y el último acuerdo con Eudel- que la Comisión Arbitral podría tener en cuenta ese hecho sobre venido para tomar en consideración las quejas de las diputaciones. De hecho la capacidad de los ayuntamientos para aprobar su planeamiento no figuraba en el texto original.

La Diputación alavesa viene trabajando en la posibilidad de una intevención de este tipo desde hace tiempo. "Llevamos tiempo muy vigilantes", señaló un portavoz de la institución, que espera a conocer los términos exactos del dictamen de la comisión parlamentaria. No será, pues, en el consejo de diputados del martes cuando se adopte una decisión.

Si la Comisión Arbitral decidiera paralizar la tramitación del proyecto de ley, resultaría prácticamente inviable su aprobación antes del fin del actual período de sesiones, a finales de mes. Si en algo coincide todo el mundo es en que lo que hay detrás de este nuevo tropezón de la ley de Suelo es un conflicto de intereses dentro del PNV. El PP siempre se ha mostrado proclive a alcanzar un acuerdo con los nacionalistas en esta materia.