Visión china

El régimen comunista chino lo ha tenido siempre muy claro: no permite una sola crítica externa a la situación de los derechos humanos -bastante penosa- en el país asiático. En ese capítulo no hay concesión. Lo considera una injerencia y

una insensibilidad sobre las peculiaridades de su sistema político. Si firma convenios internacionales los reinterpreta según sus parámetros. En ocasiones recurre a la velada amenaza de revisar o suspender acuerdos comerciales cuando la crítica se agranda o llega a las instancias de la ONU. Las más de las veces el pragmatismo derrota a la ética y los gobiernos democráticos se decantan al final por enterrar la cabeza en la arena cuando se trata de expresar una fuerte protesta. Motivos no fantan: el creciente volumen de ejecuciones de presos, que denuncia año tras año Amnistía Internacional; la persecución de grupos presuntamente religiosos como la secta Falun Gong; o ataques contra la libertad de expresión e información, como sucede ahora con Internet y las nuevas restricciones impuestas al servidor Google, aceptadas vergonzosamente por éste en perjuicio de los usuarios. Las autoridades chinas suelen desconfiar de la justicia internacional. Obviamente, no aceptan el principio de jurisdicción universal. De ahí que pidan explicaciones diplomáticas cuando la Audiencia Nacional decide abrir en España una investigación sobre el presunto genocidio en Tíbet basándose en la demanda de un español de origen tibetano o sobre los atropellos contra la secta Falun Gong. Están en su derecho de hacerlo, pero no significa forzosamente que tengan razón.