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Columna
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La buena conciencia

Dirigentes de Batasuna se sorprendieron ayer de que la policía les impidiera, por orden judicial, dar una conferencia de prensa en Pamplona. La sorpresa fue mayor porque sus principales portavoces habían interpretado el gesto de Patxi López de atribuir a Batasuna la condición de interlocutor político como prueba de la superación de hecho de su ilegalización y reconocimiento del carácter antidemocrático de la Ley de Partidos, cuya derogación han pasado a reclamar. No sólo eso: identificaron los gestos conciliadores de los socialistas como síntoma de que por fin se admitía la naturaleza política del conflicto ("no hay paz sin contenidos") y la necesidad, en consecuencia, de reunir ya las dos mesas simultáneas (o conectadas) de negociación. E incluso han dicho que ese reconocimiento era fruto del "trabajo de la izquierda abertzale frente a los sectores que contemporizaron con la reforma franquista".

Detrás de estas expresiones está la pretensión de que se olvide su dependencia respecto a ETA y su apoyo sin pestañear a los atentados de la banda, causa última de su ilegalización. Tales interpretaciones ya habían sido rechazadas por el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, tras su entrevista con Zapatero, el pasado 4 de mayo: "Paz es paz; es ausencia de violencia; los acuerdos políticos no son consecuencia ni están vinculados al proceso de paz. Creo que [separar ambos procesos] es un elemento de higiene democrática que el PNV siempre va a defender: por motivos éticos, porque lo contrario sería tanto como justificar que es legítimo el uso de la violencia para alcanzar un objetivo político; y (...) porque sería tanto como reconocer que la inmensa mayoría de la sociedad vasca nos equivocamos en 1979 cuando hicimos la apuesta por la política y por la democracia".

No puede haber negociación cuando uno de los negociadores puede amenazar con la vuelta de la violencia si el resultado no le satisface. Por tanto, previamente a la negociación sobre eventuales reformas del marco político tiene que existir constancia de que la retirada de ETA es definitiva. Es vital que Zapatero pueda contar en este punto con el apoyo del PNV. Seguramente la insistencia de Batasuna en hablar de mesa (extraparlamentaria) tiene que ver con su pretensión de que lo que se discuta sea el futuro de Euskal Herria (o sea, también de Navarra y el País Vasco-francés), lo que difícilmente podría plantearse en el Parlamento vasco. Quizás también tiene que ver con su prisa por iniciar la negociación sin esperar a la legalización que le permita regresar al Parlamento vasco. Es importante al respecto que Zapatero precisara el pasado jueves que la futura negociación política habrá de producirse "en los ámbitos institucionales y con las fuerzas que estén en la legalidad". Batasuna no lo está, aunque alardee de lo contrario; y aunque jueces más benevolentes o flexibles que Grande-Marlaska toleraran ruedas de prensa, quedaría la imposibilidad de presentar candidaturas a las municipales de 2007 si antes no hay un rechazo expreso de la violencia en unos nuevos estatutos.

La idea eufórica de que, tras el éxito obtenido, ha llegado la hora de derogar la Ley de Partidos (para evitar esa espada de Damocles sobre la izquierda abertzale) es como mínimo prematura. No ha habido ley más necesaria y justa que esa en los últimos años. No podía ser legal (y cobrar subvenciones públicas) un partido que formaba parte de un estructura dirigida por una banda armada que se dedicaba a asesinar o hacer la vida imposible a los representantes electos y candidatos de los demás partidos. Desde el asesinato del concejal del PP Gregorio Ordóñez, en enero de 1995, hasta la ilegalización de Batasuna, en febrero de 2003, ETA acabó con la vida de 30 adversarios ideológicos, en su mayoría miembros del PP y del PSOE. En el mismo periodo se produjeron más de 800 ataques contra sedes de partidos y bienes de personas opuestas a ETA. Bajo esa presión, decenas de concejales socialistas y populares renunciaron a sus cargos.

Contra lo que ahora dicen pletóricos de buena conciencia los portavoces de Batasuna, han sido esos concejales, y no los suyos, los que han estado sometidos a régimen de apartheid. La Ley de Partidos aprobada para hacer frente a esa situación era necesaria por razones democráticas, y también por motivos prácticos: sin ella difícilmente se habrían puesto en marcha las dinámicas que han conducido al alto el fuego en condiciones que convierten a Batasuna en garante del mismo; y seguirá siendo necesaria hasta la disolución de ETA.

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