Los comerciantes piden a los ayuntamientos que financien la instalación de videovigilancia en los centros
La Confederación de Empresarios del Comercio de Andalucía (CECA) ha reclamado a los ayuntamientos que financien la instalación de cámaras de videovigilancia en las zonas comerciales de las ciudades, una idea concebida por los comerciantes con el propósito de frenar los actos vandálicos y los robos en sus establecimientos.
El presidente de la CECA, Manuel García-Izquierdo, hizo un llamamiento a las administraciones para que "se apoye y se ayude" al sector en este proyecto, que tiene un "coste importantísimo". El presidente de la CECA aseguró que los comerciantes de "casi todas las provincias" están promoviendo la puesta en marcha de estas cámaras de vigilancia, aunque los proyectos "se encuentran a distintos niveles" en cada zona.
Así, comentó que en Sevilla y Málaga "están muy avanzados y serán los primeros" en entrar en funcionamiento, para después irse extendiendo "por lo menos por los centros de todas las capitales". Tras apuntar que la reivindicación de reforzar la seguridad "es tradicional y clásica" para el sector, García-Izquierdo reclamó que se incrementen los efectivos policiales hasta "cumplir los ratios establecidos en cada ciudad". Aunque admitió que las plantillas están aumentando en toda la región, lamentó que "los procesos son lentos".
Vía jurídica
No obstante, incidió en que los comerciantes, los "grandes sufridores directos" de determinados hechos delictivos que pueden ocurrir en sus negocios, abogan por la colocación de cámaras "desde hace mucho tiempo". García-Izquierdo valoró que las administraciones "van encontrando el camino jurídico necesario para que se puedan instalar en los centros históricos, principalmente en los centros comerciales abiertos".
Frente al temor de algunos colectivos de que este proyecto vulnere el derecho a la intimidad de los ciudadanos, el presidente de la CECA garantizó que el control del "100% de la materia que se pueda grabar" corresponderá a la Policía Nacional, con lo que "nadie puede tener acceso a visionar las cintas", que serán revisadas por los agentes "sólo cuando haya un acto delictivo".
