La Audiencia Nacional deniega la suspensión del deslinde de Carboneras
El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Carlos Lesmes Serrano, ha denegado la medida cautelar de suspensión de aprobación del deslinde de costas en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). Esta medida la solicitó la constructora que levanta un hotel de más de 400 habitaciones a menos de 100 metros del mar. Azata solicitó a la Sala que se mantuviera la vigencia de los 20 metros fijados en el deslinde provisional. El colectivo de Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense celebró la decisión judicial.
La parte recurrente, Azata, SA, solicitó como medida cautelar la suspensión de la ejecución de la orden ministerial de 8 de noviembre de 2005 que aprobaba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa, de casi 6.000 metros de longitud, comprendidos desde el final de la playa de El Lancón hasta el límite con el término municipal de Mojácar.
La organización Salvemos Mojácar alega, entre otras cosas, que "el recurrente [Azata] sabía que el inmueble iba a invadir la servidumbre de protección de 100 metros. Tenía noticias de la ilegalidad del inmueble al menos desde el 3 de marzo de 1998, fecha de un escrito del Servicio Provincial de Costas, con registro de salida número 284". Entre otras alegaciones, Salvemos Mojácar desgranó que no se revisó el proyecto para adaptarlo al PORN, que el hotel se ubica en terrenos protegidos, que ya hay una resolución judicial que reconoce que el deslinde es de 100 metros y que la promotora defiende intereses particulares frente al interés general.
La Audiencia argumenta que Azata no ha demostrado el "daño irreparable" que la posterior y posible anulación de ese acto impediría restituir esa situación a su estado anterior a dicha resolución, de modo que el recurso carecería de sentido. También considera que, además de no acreditar tal requisito, el daño podría producirse si se suspendiera la aprobación del deslinde. "Si se admitiera su pretensión de que se fijara un ancho de 20 metros de servidumbre de protección, con el efecto de que se pudieran ejecutar construcciones más allá del mismo y luego se confirmara la legalidad de los 100 metros de la resolución recurrida, sí que se causaría un daño evidente a los intereses de terceros de buena fe y a los propios generales", reza el auto.
Los ecologistas confían en que el hotel pueda demolerse por orden judicial. "Salvemos Mojácar celebra esta nueva victoria de la legalidad y espera que se desestime por completo el recurso interpuesto por la promotora contra el deslinde, así como espera una sentencia en plazo breve sobre la demolición del hotel", manifestó su portavoz, Jaime del Val. "Recordamos que, hasta ahora, la Junta de Andalucía y el Ministerio han hecho alarde de amagar y no dar", remachó.
