Territorio, ciudadanía, partidos

La necesidad de garantizar el futuro para el territorio valenciano arraiga con fuerza a la vista de las agresiones que sufre a causa de una dinámica especulativa cuyos efectos destructivos se multiplican. Esta es la razón de las numerosas quejas que diversos colectivos y entidades han llevado a cabo a lo largo de los últimos en diferentes lugares, y es la razón de la manifestación ciudadana que el próximo día 3 planteará sus demandas en la ciudad de Valencia: una moratoria urbanística inmediata; una gestión racional del agua, los recursos naturales y los residuos; una política social de viviendas; y la lucha contra la corrupción y la especulación.

El movimiento ciudadano Compromís pel Territori, que la organiza, explicita necesidades urgentes: cambiar una economía delirantemente volcada en el monocultivo del cemento; legislar contra la especulación y por la primacía del medio natural y del patrimonio cultural sobre los proyectos; abrir un periodo de amplia reflexión social para definir un modelo territorial basado en los presupuestos anteriores. Y la participación ciudadana en todo ello y en las decisiones sobre los proyectos concretos que diariamente aprueban sin miramientos las administraciones locales y autonómica.

Participación ciudadana: es decir, eso que, de forma natural, debiera ser requisito preceptivo y vinculante, formando parte de los mecanismos propios de la democracia para la aprobación de cualquier ley o proyecto, en general, y particularmente de los proyectos urbanísticos y de infraestructuras. Y que no existe.

Porque los únicos ciudadanos que verdaderamente participan en estas decisiones son los promotores, bien indirectamente, influyendo en los políticos locales, bien por su presencia directa en empresas públicas, como el Instituto Valenciano de la Vivienda.

Porque, donde los hay, los consejos de participación municipales o autonómicos, o no existen, o no funcionan, o, al no ser vinculantes sus decisiones, las administraciones pocas veces las tienen en cuenta.

Porque no es participación los procesos de exposición pública y alegaciones previstos en las leyes, en tanto se aprueban proyectos sin contestar dichas alegaciones, o interpretándolas tan parcial y sesgadamente que solo cabe la posibilidad de un largo y costoso contencioso que, con suerte, se resuelve cuando la obra ya está ejecutada.

Porque todos los proyectos urbanísticos o de infraestructuras aprobados en territorio valenciano incumplen el mandato legal de acreditar en su expediente el grado de aceptación o rechazo social del proyecto en sus aspectos medioambientales, o el de haberse llegado a acuerdos entre el promotor y los ciudadanos afectados.

Ciudadanos afectados: otra clave para entender la actual situación. Porque se ha dado a esta expresión, contenida en la extinta LRAU, la interpretación perversa de ciudadanos "propietarios" (de los terrenos a edificar). Propietarios con los que, por otra parte, pocas veces se ha llegado a acuerdos, teniendo con frecuencia que pagar con su propiedad el "favor" de ser urbanizados, so pena de expropiación forzosa, como si de terratenientes egoístas se tratara.

Pero hay muchos otros colectivos ciudadanos afectados: por inconcebibles crecimientos de sus municipios, en viviendas, población y tráfico, en detrimento de la calidad de vida, la salud y los servicios, frecuentemente con riesgos claros (contaminación, desecación de acuíferos, aumento de la inundabilidad); vecinos afectados por el clima de hostilidad generado en muchas poblaciones entre partidarios y opositores a los proyectos; agricultores afectados porque no se resignan a la coacción generada en los últimos tiempos (o vender la tierra o empobrecerse con el trabajo del campo); jóvenes afectados porque a pesar de tanta construcción, el acceso a una vivienda digna cada día es más difícil; profesionales afectados porque sus propuestas desde la sensatez y la racionalidad son ninguneadas por la imposición fanática de una sola idea de progreso; ciudadanos afectados por la pérdida del patrimonio cultural, del paisaje, de los lugares de esparcimiento de siempre, afectados por la perversión inducida entre convecinos, afectados en su corazón por la perspectiva de un incierto futuro para la tierra.

Las Administraciones locales y autonómicas son las que controlan y aprueban esos proyectos que así afectan a la ciudadanía. Pero esas administraciones están gestionadas por partidos políticos.

Cierto es que el Partido Popular es el máximo responsable de la actual política especulativo-urbanística y de las leyes que la sustentan a nivel autonómico, así como de notorios escándalos a nivel local. Cierto es que el president de la Generalitat, señor Camps, ha hecho oídos sordos a las quejas de la ciudadanía en torno a dichas políticas, y más concretamente a la petición de más de setenta entidades de todo el territorio valenciano de reunirse con él a dialogar sobre ello. Pero no es menos cierto que muchos ciudadanos se quejan de la permisividad con los promotores y falta de transparencia de partidos de la izquierda a la hora de aprobar proyectos en poblaciones cuyos ayuntamientos gobiernan.

Todos los partidos, en tanto están formados al fin y al cabo por ciudadanos y ciudadanas, han de sentirse desde ya comprometidos con la participación, preceptiva y vinculante, de la sociedad, y con la salvaguarda del medio natural y del patrimonio cultural como condiciones para la aprobación de proyectos. Desde ya. A la vista de sus convecinos en los ayuntamientos donde están presentes. Esa es la clave para cualquier tipo de acuerdo, electoral o no: el previo acuerdo con una ciudadanía que se lo está reclamando, la convicción previa de que la democracia y la tierra no pueden soportar más desgaste.

Josep Vidal es miembro del movimiento ciudadano Compromís pel Territori.