El órgano de gobierno cifra el "atasco urbanístico" en mil expedientes aún pendientes de resolver

"La anterior corporación municipal no seguía un orden regular en la tramitación de los expedientes, y el servicio jurídico urbanístico a nivel funcionarial se encontraba desactivado". El caos en la gestión municipal por parte de la anterior corporación quedó ayer de nuevo patente tras la denuncia del vocal de Urbanismo, Rafael Duarte, quien tradujo en una cifra redonda el desorden que afecta a su delegación, de la cual era asesor el presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca.

Duarte cifró en alrededor de mil los expedientes urbanísticos pendientes de la concesión de licencia pertinente. "Ahora es cuando empieza a trabajar este servicio", añadió Duarte, quien ejemplificó la arbitrariedad impuesta a la hora de conceder licencias en Marbella: "Existían promotores que obtenían la licencia en 48 horas y personas que debían esperar hasta dos años. Hemos encontrado expedientes de 2001, de hace cinco años, a los que todavía no se ha otorgado la licencia, a pesar de tratarse de proyectos ajustados al Plan General de 1986".

Para abrir una nueva etapa, aunque con mesura, la comisión gestora aprobó ayer en su primer pleno ordinario la concesión de las siete primeras licencias. De los 35 expedientes analizados por los técnicos, la gestora denegó veintiséis solicitudes y dejó pendientes de resolución dos expedientes, a la espera de completar la documentación necesaria. "La mayoría son licencias de primera ocupación justificadas en expedientes de licencias que se habían dado conforme a un planeamiento nulo y esto ha determinado que se denegaran", matizó Duarte.

El pleno aprobó también desestimar 25 expedientes anteriores a la constitución de la gestora, en los que los interesados solicitaban la concesión de licencias "por silencio administrativo".

La gestora aprobó asimismo el plan parcial de ordenación en Arroyo de la Víbora, en el núcleo poblacional de Las Chapas. Durante su votación, el vocal de Obras, Luis Cepedano, se ausentó del pleno porque fue el redactor de este documento, que finalmente aprobaron sus quince compañeros. Además, la gestora se comprometió a resolver "de forma transitoria a la espera del nuevo PGOU" el problema relativo a los locales sin licencia de actividad, cifrados en más de 600 comercios.