La opción más barata

La excepcional escalada del precio del petróleo y las exigencias del Protocolo de Kioto reverdecen irremediablemente el debate sobre si debe resucitarse o no la producción de energía nuclear, frenada en 1991 por decisión del Gobierno socialista de Felipe González. La racionalidad de aquel parón nuclear está fuera de toda duda, basada principalmente en la desfavorable relación de costes de la electricidad nuclear frente a la generación por otras fuentes de energía. Hoy, el Ministerio de Industria parece dispuesto a aplazar cualquier debate posible sobre la construcción de nuevas centrales al menos hasta la siguiente legislatura y, muy probablemente, hasta que Bruselas acierte a pronunciarse sobre la cuestión, siquiera en la forma imprecisa y descomprometida que suele pronunciarse Europa. Las "mesas nucleares" organizadas por el ministerio se han cerrado sin conclusiones espectaculares. Apenas la de que debe ponerse en marcha el procedimiento de aprobación, financiación y construcción de un almacén centralizado de residuos nucleares a cielo abierto y la probable reforma del Consejo de Seguridad Nuclear.

Pero aunque se aplace el debate sobre la articulación de un hipotético programa nuclear nuevo, el actual Gobierno tiene en su mano tomar decisiones relevantes sobre la producción nuclear. Por ejemplo, promoviendo una prolongación de la vida útil de las centrales nucleares en operación. Y ello porque los cálculos económicos conocidos y los informes internacionales sobre rentabilidad eléctrica coinciden en que la ampliación operativa de las centrales es la opción más barata en cualquier escenario de inversión y producción de electricidad. Las razones económicas no son las únicas que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, la prolongación nuclear no sufriría de la controversia y rechazo ciudadano que se presuponen a la construcción de nuevas plantas.

Con o sin debate nuclear, aunque se aplace la discusión sobre el modelo energético de los próximos decenios, la sociedad española tiene que saber de primera mano cuáles son las posiciones de partida de la Administración y los agentes sociales -de las organizaciones ecologistas, por ejemplo- ante la carga contaminante y los problemas económicos de las distintas energías. La medida de esas posiciones se conocerá, sin duda, si se plantea un aplazamiento de las centrales nucleares.