"La prisión de Sevilla está al nivel máximo"
"El Ayuntamiento sevillano carece de plazas para trabajo en beneficio de la comunidad"
Luis Fernández Arévalo (Sevilla, 1958), hace 17 años que ocupa la fiscalía de vigilancia penitenciaria de Sevilla. Es autor de varios libros y numerosas publicaciones sobre legislación penitenciaria. Dispone de la Medalla al Mérito Social Penitenciario que otorga el Ministerio del Interior. Fue el fiscal que sentó en el banquillo a los directivos de Instituciones Penitenciarias por los malos tratos que sufrieron 13 reclusos considerados muy peligrosos de lo que entonces era la prisión Sevilla II.
Pregunta. ¿Cuántos internos hay en la cárcel de Sevilla?
Respuesta. Estamos al nivel máximo de ocupación. Hay 1.728 reclusos que se alojan en 912 celdas y en cada una de ellas sólo puede haber dos personas así que el número máximo de internos que podrían estar en Sevilla son 1.824.
P. ¿Están más saturadas las cárceles andaluzas que las del resto de España?
R. En determinadas provincias, como Málaga, Cádiz y Sevilla, sí. Ocurre porque hay un esfuerzo de las direcciones de estos centros porque el recluso mantenga el contacto con sus familias.
P. ¿Se ha quedado pequeño el psiquiátrico de la prisión de Sevilla?
R. Alberga los penados que tiene que albergar, 150 individuos. Atiende a un tercio de la población española condenada y diagnosticada con anomalías psíquicas. Se ha producido un incremento de este segmento de internos. Creo que se deberían crearse unidades psiquiátricas en distintos centros para dar atención a un área territorial determinada. Así se atendería también a los que tienen una problemática ocasional.
P. ¿A más ocupación, más conflictividad como dicen los sindicatos?
R. Ellos cumplen su función. Tienen que defender sus intereses laborales. Nuestros indicadores dicen lo contrario. Tenemos en lo que va de año 200 internos más. En los últimos años la unidad de mujeres se ha convertido en unidad mixta pero hay menos expedientes disciplinarios abiertos y los funcionarios han usado menos la fuerza física en 2005.
P. ¿Tiene cifras?
R. De 40 ocasiones en las que se usaron esposas en 2004 se pasó a 18 el año pasado. De 103 incidentes con fuerzas física contabilizados en 2004 se pasó a 40 en 2005. De 1.106 expedientes disciplinarios abiertos en 2004 hemos pasado a sólo 847 en 2005, etc.
P. ¿Cuándo abrirá la nueva cárcel de Morón?
R. Pienso que hasta el segundo semestre de 2008 no podrá estar funcionando.
P. Ustedes, en la cárcel, también han notado de forma notoria el cambio legislativo con respecto a los malos tratos a la mujer.
R. Es una de las causas de crecimiento de la población reclusa en España. En estos cinco meses de 2006 hay 2.000 nuevos presos en nuestro país. En Sevilla 100 de los 1.700 que cumplen condena lo hacen por estos hechos.
P. ¿Están integrados en la prisión?
R. Sí, la convivencia con el resto de reclusos es normal. No se aprecia un rechazo como ocurre con los que cometen agresiones sexuales.
P. El trabajo en beneficio de la comunidad, que es una de las apuestas de Instituciones Penitenciarias. ¿Se están aplicando estas condenas y se están haciendo efectivas?
R. Es una apuesta estratégica que nos beneficia a todos. Pero no todos están apostando por ellos. Estamos encontrando dificultades. El Ayuntamiento de Sevilla no dispone de ninguna plaza de destino para ello cuando otros municipios sí se han sumado a la iniciativa. En Sevilla, los jueces dictaron 115 sentencias en este sentido y sólo nueve se están cumpliendo o se han cumplido. Una pena.... Hay reclusos que están haciendo ese trabajo en beneficio de la comunidad en los jardines del recinto de la antigua cárcel Sevilla 1.
P. El juzgado de vigilancia penitenciaria y usted mismo han manifestado varias veces que no funciona el sistema de atención médica especializada.
R. Aquí hay un grave problema. Es muy frecuente que los presos falten a las citas porque la policía no viene a realizar los traslados. El interno tiene que formular una queja para que haya un mandamiento judicial y entonces se produzca el traslado. Además se incumple el convenio firmado en 1.991 entre Instituciones Penitenciarias y la Junta. Los médicos especialistas deberían trasladarse a la cárcel y no lo hacen.
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