El Ayuntamiento ordena cerrar un centro comercial que lleva 20 años sin licencia
La junta municipal ignora cómo ejecutar su propia decisión "sin poner a tanta gente en la calle"
El Centro Comercial Arenal 8, un bloque de cinco plantas que alberga 31 tiendas, una academia de informática y 13 apartamentos a un paso de la Puerta del Sol, está bajo amenaza de cierre. Después de 21 años abierto sin licencia de funcionamiento y tras una década de advertencias por parte de Protección Civil, el Ayuntamiento envió hace dos meses la orden de clausura. Pero la Junta Municipal de Centro admite que no sabe cómo ejecutar su orden sin crear "un problema mayor": el precinto afectaría al suministro de agua y luz, lo que obligaría a poner "a muchas personas en la calle". Los dueños de los locales aseguran que tienen todas las licencias en regla y amenazan con denunciar al Consistorio.
El Centro Comercial Arenal 8 obtuvo a principios de los años ochenta la licencia de construcción, y también la de actividad, que ayer mostraban con indignación los propietarios de varios locales. Con esos permisos abrieron sus puertas en 1985 sus 31 locales comerciales (hoy, sólo una veintena siguen activos). Pero el edificio nunca obtuvo la licencia de funcionamiento, un último permiso que acredita "que la actividad que se desarrolla se adecua al proyecto constructivo", según Luis Asúa, concejal del distrito Centro.
Los dueños de las tiendas llevan años solicitando que se les conceda esa licencia para legalizar plenamente la situación del centro comercial, y el Ayuntamiento siempre se la ha denegado argumentando que sucesivos informes de Protección Civil alertaban sobre deficiencias de seguridad en el inmueble. Aun así, nunca ordenó el precinto.
Uno de los últimos informes de ese departamento, fechado el 7 de noviembre de 2005, hace repaso de los avisos dados desde 1996 y -aunque señala que algunas deficiencias parecen haberse subsanado- vuelve a insistir en la necesidad de abrir en el edificio "adecuadas alternativas de salida" de emergencia, reformar la escalera, legalizar la construcción de un aljibe y un grupo de presión ubicados en el sótano y arreglar la instalación eléctrica.
Plazos superados
El informe concluye proponiendo de nuevo "la denegación del acta de funcionamiento", y añade: "A juicio de este departamento se han superado con creces los plazos y número de requerimientos razonables en la tramitación del presente expediente".
Ahora, después de al menos una década conociendo el problema, el Ayuntamiento se ha decidido a actuar, y el pasado marzo envió una "orden de clausura de las instalaciones generales", es decir, el agua, la luz, el ascensor y la caldera, según ha confirmado a este periódico el concejal Luis Asúa. "No se trata de precintar las tiendas, porque los dueños tienen licencia de actividad. Es el edificio el que no puede funcionar, por eso se precintan los servicios generales", explica.
La situación surrealista llega cuando el propio Asúa y los responsables jurídicos de la junta admiten que no están seguros de que dicha orden pueda llegar a ejecutarse. "Sí, es verdad, ese centro comercial nunca ha tenido licencia de funcionamiento. Y eso es ilegal. Pero es que encima de las tiendas hay viviendas. ¿Qué hacemos, les dejamos sin agua, sin luz? Hay un precepto constitucional que es el de la inviolabilidad del domicilio, y ése se respeta hasta para los okupas. Yo no estoy seguro de que esta orden que hemos mandado pueda ejecutarse. Estamos dándole vueltas a ver de qué forma puede resolverse esto", afirma el mismo concejal que firmó la orden.
Fuentes de la Junta de Centro adelantaron ayer que, una vez ordenada la clausura, la normativa obliga a enviar en los próximos días requerimientos a todos los propietarios e inquilinos "para advertirles de que el centro va a ser precintado y darles un plazo de 15 días para desalojarlo".
Estos responsables no precisaron, sin embargo, cuándo ocurrirá eso, y abundaron en el argumento esgrimido por Asúa: "La clausura es legalmente obligada. Pero hay que valorar las consecuencias de estas cosas: estamos condenando a un montón de gente a irse a la calle, y no todos son responsables de que el edificio no cumpla las normas. Podríamos no llegar a ejecutar la orden".
"Yo no me voy"
Mientras el Ayuntamiento decide qué hacer, los propietarios e inquilinos de los locales de Arenal 8 amenazan con denunciar ellos al Consistorio si precinta los servicios generales. "Yo, desde luego, de aquí no me voy. Estoy harto de esta historia. Tengo mi licencia de actividad desde 1993 y cada vez que Protección Civil ha dicho que había que hacer una obra se ha hecho. Si hay que hacer más, pues que lo digan", afirma con mal tono Máximo Bartolomé, dueño de una tienda de relojes y vicepresidente de la comunidad de propietarios de Arenal 8.
"Esto es ridículo. ¿Cómo que cortan la luz pero nos dejan abrir las tiendas? ¡Pues pondremos un generador! Y, desde luego, si después de años pagando derramas para hacer obras de todo tipo resulta que nada ha sido suficiente, a lo mejor debemos ir a los tribunales para que nos devuelvan ese dinero", protesta otro comerciante.
Fuentes municipales confirman que muchas deficiencias sí han sido subsanadas en estos años, pero replican que, efectivamente, no ha sido suficiente: Protección Civil sigue concluyendo que el edificio no merece licencia de funcionamiento.
El desalojo de Ratoncito Pérez
El 5 de enero de 2003, víspera de Reyes, el entonces alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano (PP), presidió en el número 8 de la calle de Arenal el acto de colocación de una placa y una pequeña estatua de bronce en homenaje a Ratón Pérez, que, según la tradición, vivió allí, en el sótano de una confitería, dentro de una caja de galletas.
El Ayuntamiento ya sabía por aquel entonces que el centro comercial carecía de licencia de funcionamiento. Hoy, el cuerpecito en bronce del personaje infantil creado por el jesuita Luis Coloma sigue allí, y si la Junta de Centro ejecuta su orden de clausura será uno de los primeros desalojados del centro comercial.
Entre los inquilinos de carne y hueso del edificio cundía ayer el desconcierto. "Hace días vinieron dos policías a entregar un papel. Luego pasó un funcionario del Ayuntamiento pidiendo las licencias de actividad, que por supuesto tenemos. Pero nadie nos explica nada. No será verdad que nos desalojan, ¿no? Llevamos cinco años escuchando eso", contaba una dependienta de la planta baja.
Un piso más arriba, tras el mostrador de la tienda de videojuegos Chollogames, sus dueños confirmaban el estupor general. "Pero ¿alguien puede creerse que nos vamos a arriesgar a que nos echen por no arreglar una escalera? Claro que hemos arreglado todo lo que nos han dicho. ¡Llevamos años haciendo obras! Y si falta una licencia pues será culpa del Ayuntamiento, que no ha hecho nada en 20 años, no nuestra", protestaban.
Más satisfechos se muestran Petra y Tomás, dueños de una cafetería en la planta baja, que están alquilados (y en pleitos con su casero) y llevan años denunciando la inoperancia municipal. "Las salidas de emergencia están bloqueadas porque no hay cuartos de basuras y ahí deja todo el mundo las bolsas. No hay salidas de humos, ni cuartos de baño abiertos al público. Si nos echan, que nos echen. Pero nos vamos todos juntos", afirma Petra.
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