Aplazado el 'caso Fabra' al pedir cuatro ex ministros del PP declarar por escrito

El caso Fabra ha vuelto a sufrir un nuevo aplazamiento al retrasarse la comparecencia de cuatro ex ministros del PP. Tres de ellos, Celia Villalobos, Miguel Arias Cañete y Jesús Posada, han solicitado declarar por escrito acogiéndose a su condición de ex miembros del Gobierno. Fuentes del juzgado número 3 de Nules (Castellón) dan por hecho que Juan Costa también hará lo mismo. La magistrada confirmó ayer la petición oficial por parte de los tres primeros y suspendió la comparecencia de los ex ministros, que estaba prevista para mañana.

La juez comunicó inicialmente a las partes que las causas del aplazamiento eran dos. Por una parte, el juzgado no había podido entregar la citación a Celia Villalobos y a Miguel Arias Cañete en el Congreso, pese a que ambos son diputados, mientras que en el caso de otro ex ministro, Juan Costa, la citación fue dirigida a la sede de una entidad de la que forma parte como miembro del consejo de administración, y ésta tampoco ha podido ser entregada. Más tarde, sin embargo, la magistrada recibía por fax la petición de Villalobos y Arias Cañete reclamando su derecho a declarar por escrito.

Una petición que ya había formulado con anterioridad el también ex ministro Jesús Posada. Este, al igual que los otros dos, intenta evitar su paso por el juzgado y reclama el responder a través de un cuestionario al que contestaría por escrito, con lo que evitaría su visita al juzgado y el interrogatorio directo del fiscal anticorrupción, de los abogados de la acusación y las defensas e incluso de la propia juez. En cualquier caso, la solicitud de Posada ha sido remitida al juzgado cuatro días antes de la fecha de la citación, con lo que la juez no ha tenido tiempo de notificarla a las partes y decidir sobre la forma en la que se le ha de tomar declaración sin tener que someter el procedimiento a un nuevo retraso.

Se da por hecho que Juan Costa también pedirá declarar por escrito. Los ex ministros de José María Aznar se acogen al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, "pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo" a quienes forman o han formado parte del Gobierno.

El resultado es que el interrogatorio a los cuatro, que estaba previsto para mañana, se aplaza y, con ello, el procedimiento, iniciado hace más de dos años, sufrirá una nueva demora. Este nuevo retraso se une a los sufridos por el paso de siete jueces y cuatro fiscales por la causa abierta contra Carlos Fabra.

El presidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón fue denunciado por un empresario, Vicente Vilar, quien le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de tratar de agilizar la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. A raíz de esta denuncia, Fabra empezó a ser investigado por la posible comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas y por un presunto fraude fiscal, por la falta de justificación de la procedencia de ingresos en efectivo por valor de 600.000 euros en cuentas de Fabra y su familia y por el impago de cuotas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por unos 150.000 euros en el ejercicio de 1999.

Por otra parte, el presidente de la Diputación de Castellón sí declaró ayer, en calidad de testigo, en el juicio al que está siendo sometido el empresario que le denunció, Vicente Vilar, por los presuntos delitos de agresión sexual, detención ilegal, hurto, amenazas y lesiones de los que le acusa su ex mujer, Monserrat Vives, que, a su vez, era socia de la esposa de Fabra. Vives asegura que la violó, insultó y amenazó de muerte mientras Vilar mantiene que la denuncia fue un montaje para apoderarse de la empresa.