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La mayoría de los grupos califica de fracaso los 1.208 contratos suscritos por la Sociedad de Alquiler

Carlos E. Cué

El presidente de la Sociedad Pública de Alquiler, Javier Rodríguez Mañas, se llevó ayer un varapalo dialéctico en el Congreso. Todos los grupos, salvo el socialista, que apoya al Gobierno, calificaron de fracaso la gestión de la agencia. Rodríguez Mañas explicó en su comparecencia, realizada a solicitud de Convergència i Unió, que desde el 14 de octubre de 2005, cuando esta sociedad comenzó a tramitar las solicitudes, se han cerrado 1.208 contratos de alquiler.

Rodríguez Mañas trató de centrar el debate en el hecho de que esos contratos se han firmado a un precio un 19% por debajo del de mercado, de media. Pero los diputados de la oposición, no sólo los del PP, sino también otros que apoyan al Ejecutivo en la mayoría de las leyes, como CiU o el PNV, criticaron sin cesar los datos. Para Jordi Jané, de CiU, este balance de los siete primeros meses es "absolutamente ridículo" y supone un "notable fracaso" del Ministerio de la Vivienda, dirigido por María Antonia Trujillo. Para defenderse de estos ataques, Rodríguez Mañas señaló que la agencia sólo está empezando su tarea y que el objetivo es poner en el mercado 25.000 nuevas viviendas en alquiler en los próximos cuatro años.

Jané le dio la vuelta a los datos. En vez de quedarse con los de contratos tramitados, utilizó los de las 22.000 solicitudes para denunciar que la enorme mayoría, por encima del 90%, no logran que la Sociedad Pública del Alquiler les haga una oferta interesante. Jané utilizó expresiones poco habituales en el grupo de CiU para calificar la gestión de este organismo de reciente creación: "Es un modelo de mala gestión del presupuesto público", llegó a decir el diputado nacionalista. Críticas similares le llegaron al Gobierno de los representantes del PNV y del BNG.

El más duro fue el principal grupo de la oposición, el PP, quien también criticó en el Senado a la propia ministra por los datos de uno de sus proyectos estrella. El representante del PP, Pablo Matos, ironizó con la cantidad de trabajadores que operan en la agencia, 3.000, para concluir que se ha logrado un contrato por cada dos agentes. Este diputado pidió incluso la disolución de la agencia.

El máximo responsable de la Sociedad Pública del Alquiler rechazó la acusación de despilfarro con el argumento de que sólo tiene 22 empleados, porque el resto se contrata con entidades privadas. Según Rodríguez Mañas, el 20% de lo que se ingresa por el alquiler se utiliza para costear los gastos de la propia agencia y el 80% restante se lo lleva el propietario. La mitad de las solicitudes recibidas proceden de Madrid.

En el Senado, Trujillo señaló que esos 1.208 contratos en siete meses suponen superar en un 150% los objetivos para el primer año, mientras el senador del PP José Manuel García Ballestero recordó que la ministra está sufriendo incluso manifestaciones de jóvenes por una vivienda digna.

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