Un plan estatal prevé que uno de cada tres niños tenga guardería pública en 2009

Uno de cada tres niños menores de tres años (un 33%) podrá acudir a una guardería pública a finales de 2009. Una de las 149 medidas del Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia 2006-2009 que aprobará hoy el Observatorio de la Infancia prevé aumentar los servicios para menores de tres años mientras trabajan sus padres. Así España coincidirá con los objetivos de la UE para 2010. Otras medidas son facilitar la adopción internacional, promover la educación sin castigos corporales, mejorar la seguridad de la Red para los niños o regular la flexibilidad de horarios en el trabajo.

A partir de hoy, España tendrá su primer plan de rango nacional para proteger a los niños y adolescentes. El Comité de los Derechos del Niño, el órgano de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, había recomendado a España en 2002 que formulase una estrategia global sobre la infancia. Esta reflexión figura en la fundamentación del plan, a cuyo borrador -el último elaborado, según fuentes del grupo de trabajo- ha tenido acceso EL PAÍS. Es el resultado del trabajo de expertos de tres ministerios (Trabajo y Asuntos Sociales, Educación y Sanidad), organizaciones de infancia y de juventud, comunidades autónomas y ayuntamientos.

El plan apunta la situación actual en salud -los accidentes son la causa principal de enfermedad y muerte en menores, recuerda el documento-, educación, nuevas tecnologías, pobreza -el 25% de los menores de 16 años vive por debajo del umbral de la pobreza, frente al 18% del total de la población- o exclusión. Se pretende conseguir, a finales de 2009, que los menores de 18 años tengan más derechos. Sólo la población de niños por debajo de 14 años supera los seis millones. Éstas son algunas de las medidas:

- Guarderías. Ahora mismo, sólo 21 de cada 100 niños menores de tres años tiene plaza en una guardería pública o privada. El plan prevé "aumentar y mejorar la calidad de la oferta de servicios dirigidos a menores de tres años durante la jornada laboral de sus padres, acercando ambos parámetros a las directrices de la Unión Europea (recomendación sobre cuidado de niños y tasas de cobertura en centros públicos del 33%)". Otra medida impulsa el "desarrollo de medidas legislativas de promoción de la conciliación de la vida laboral y familiar que incentiven la flexibilidad de los horarios laborales de los progenitores o cuidadores".

- Maltrato y violencia. El sexto objetivo estratégico prevé la atención a niños y adolescentes en riesgo, desprotegidos o en situación de exclusión, y es el que más medidas (22) contiene. Una intenta prevenir, detectar y combatir los malos tratos a los niños a través de "desarrollar un sistema unificado de registro de casos, detección y notificación" del maltrato. Otra medida pretende implantar en todo el país los Juzgados de Familia (ahora hay unos 60 en 38 ciudades) y una más prevé campañas de sensibilización que "promuevan modelos educativos en la familia alternativos a la violencia y los castigos corporales".

- Adopción internacional. España es el segundo país del mundo que más niños extranjeros adopta. Cuatro medidas se refieren a adopción internacional. Se quiere ofrecer atención de calidad en todo el proceso, que los cuatro ministerios implicados (Asuntos Exteriores, Justicia, Interior y Trabajo y Asuntos Sociales) se coordinen y que se impulse "un sistema de información entre países sobre procedimientos e intercambio de experiencias".

- ¿Qué piensan los niños? El último objetivo busca que los niños se conviertan en ciudadanos de pleno derecho. Contiene siete medidas para garantizar su participación, como elaborar estudios que recojan la opinión de los niños sobre su situación y cómo les afectan las políticas de infancia.

- Control. El proyecto, que será evaluado por el Observatorio de la Infancia (el órgano en el que se sientan Administración y asociaciones) contiene 11 "objetivos estratégicos" (desde mejorar la información estadística sobre la situación de los niños hasta asegurar una educación de calidad) y 149 medidas. Casi todas tienen asignadas organismos responsables (un ministerio, comunidades autónomas...).