Rubalcaba promete 520 guardias civiles más para afrontar la ola de asaltos a casas

Llegarán más guardias civiles a Cataluña, lo harán con equipos nuevos y no se irán hasta que finalice el despliegue de los Mossos en Tarragona y Barcelona. Un día después de que el delegado del Gobierno, Joan Rangel, anunciara el envío de 200 agentes del instituto armado, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, prometió ayer a varios diputados, senadores y alcaldes, en una reunión celebrada en Madrid, que en breve se destinarán 520 agentes más: 350 a Barcelona y 170 a Tarragona. La consejera de Interior, por su parte, invitó a los propietarios a adoptar medidas de "seguridad pasiva" en sus casas.

La reunión de Madrid entre el ministro y los parlamentarios y alcaldes, convocada con carácter de urgencia ante la proliferación de robos con violencia en domicilios particulares, fue pactada por el diputado reusense en el Congreso Francesc Vallès (PSC).

Los más de 500 guardias civiles serán agentes con experiencia y con ellos llevarán material para suplir los obsoletos medios con los que trabaja la policía hoy en Tarragona. Vallès se mostró extremadamente satisfecho por la "celeridad" del Ejecutivo en la toma de decisiones y por la "unidad de acción" demostrada por los alcaldes, diputados y senadores de signo distinto que participaron en el encuentro con Pérez Rubalcaba.

Uno de los asistentes, el senador republicano Lluís Aragonès, subrayó que el ministro "ha admitido que existe un agujero negro entre la retirada de la Guardia Civil y la policía, y el futuro despliegue de los Mossos". La presencia de los guardias civiles se prolongará hasta que finalice el despliegue de la policía autonómica, previsto para finales de 2008. El diputado convergente Josep Maldonado se mostró algo más crítico e indicó: "Si cumple lo que ha prometido, todo irá bien".

Mapa policial

Vallès, por otra parte, indicó que la reunión de ayer sirvió para "redefinir" el mapa policial del conjunto de la demarcación y que habrá más agentes "desde el Penedès hasta el delta del Ebro, pasando por el Priorat". Los tres representantes en las cámaras y los alcaldes de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC), y de Les Borges del Camp (Robert Ortiga), acordaron también una nota de prensa conjunta al término del encuentro, algo también inusual, después que durante el día de ayer el asunto de los robos tomara un matiz claramente político.

El Departamento de Interior, que dirige Montserrat Tura, difundió ayer un polémico comunicado de siete puntos en el que, tras solidarizarse con las personas afectadas por estos asaltos, se autoexculpaba asegurando que "buena parte" de los hechos delictivos habían tenido lugar en zona no controlada por las fuerzas autonómicas. Pero el punto más polémico del comunicado era una exhortación dirigida a los propietarios de las casas, a los que se exhorta a "adoptar medidas de seguridad pasiva en los domicilios aislados". La sugerencia, aunque el consejero de la Presidencia, Joaquim Nadal, trató de matizarla, provocó una polémica política.

Gerard Serra (CiU), alcalde de Alcarràs (Segrià), localidad en la que el martes de madrugada cuatro casas recibieron la visita de los ladrones, discrepó abiertamente de las recomendaciones de Tura: "Ésa no me parece la mejor solución. Los consistorios y los vecinos no han de asumir más gastos para garantizar su seguridad personal. Lo que han de hacer los responsables de Interior es combatir el origen del problema y atrapar a los integrantes de estas bandas". El diputado de Convergència i Unió por Tarragona Josep Maldonado aseguraba, por su parte, que la consejera "ha perdido los papeles" y recordaba que una de las misiones del Estado "es garantizar la seguridad".

"Es una vergüenza que con los impuestos que pagamos haya un nivel tan grande de inseguridad que ni siquiera podemos dormir tranquilos en nuestra casa. Nos obligarán a poner una alarma en cada puerta y en cada ventana, y eso para muchas familias es un lujo. Es la policía la que nos tiene que proteger de estas bandas de ladrones que parecen actuar con total impunidad", añadía Carme E., vecina de Alcarràs.

El portavoz de CiU en el Parlament, Felip Puig, pidió ayer el cese de Tura por hacer este tipo de recomendaciones a los propietarios de casas y aseguró que se trata de una propuesta "impropia de un gobernante".

Ante la proliferación de robos, algunos alcaldes del Segrià y de Les Garrigues estudian la posibilidad de mancomunarse para disponer de un servicio de vigilancia privada. Una iniciativa similar fue ensayada meses atrás por algunos ayuntamientos de Lleida, pero quedaron la Delegación del Gobierno se opuso.

El Ayuntamiento de Puiggròs (Les Garrigues) acordó el lunes en un pleno extraordinario reclamar a las administraciones competentes en materia de seguridad la recuperación de la figura del sereno en los pequeños municipios y que dicho trabajo esté debidamente remunerado. El sereno realizaría funciones de vigilancia y actuaría de puente entre las fuerzas de seguridad y las autoridades locales. Meses antes este mismo Ayuntamiento había tratado, infructuosamente, de hacer renacer las fuerzas del somatén, grupos de ciudadanos armados de la Cataluña del siglo XIX.

Montserrat Tura, en un intento de tranquilizar los ánimos y tomar el pulso de la población, se ha venido reuniendo en los últimos días con alcaldes de Tarragona. Ayer se entrevistó con representantes del Consorcio del Camp de Tarragona, que agrupa al 65% de los municipios del Tarragonès. El día anterior celebró una sesión similar con otros ocho alcaldes de Tarragona.