Un juzgado admite a trámite la querella de la UCE contra un concejal del PP por la red de aguas de Calp

El Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia ha admitido a trámite la querella de la Unión de Consumidores (UCE) de Alicante contra el concejal popular del Ayuntamiento de Calp Juan Roselló y varios empresarios por la contratación de las obras de la red municipal de aguas de Calp, según fuentes de la UCE.

En su querella presentada el pasado mes de abril, la UCE entiende que existen indicios de un posible delito penal por "alteración artificial del precio real de las obras", pues, según el presidente de la entidad, Pedro Hernández, hay un sobrecoste aproximado de 1,8 millones de euros.

Hernández afirmó que el juzgado "ha admitido a trámite todos los extremos planteados" por la UCE "en cuanto a los delitos, los imputados y las pruebas solicitadas". El presidente de la UCE en Alicante destacó que el objetivo de la querella es evitar que los habitantes de Calp paguen el presunto sobrecoste de las obras a través del recibo del agua.

UCE ve indicios de un posible delito por "alteración artificial del precio de las obras"

La UCE sostiene que el Consistorio de Calp, gobernado por el PP, adjudicó las obras de renovación y ampliación de la red municipal de agua por un precio de 3,5 millones de euros, cuando, según un estudio técnico de la Universidad Politécnica de Valencia, esta actuación se debería haber presupuestado en 1,7 millones de euros.

"Para colmo, el Ayuntamiento acordó repercutir el importe de esta iniciativa -3,5 millones de euros- entre los usuarios en los próximos cinco años", según Hernández, quien consideró "intolerable" que un cargo público, "hinchando el presupuesto de unas obras relacionadas con un servicio básico, intente defraudar a todo un municipio aumentando la tarifa del agua".

El pasado 1 de octubre, la Fiscalía de Alicante consideró que existían indicios de hechos delictivos en la subcontratación de estas obras de renovación de la red de agua tras analizar las conclusiones que determinó la comisión de investigación creada por los grupos municipales de la oposición para analizar esta actuación.

En una carta remitida al portavoz socialista del Ayuntamiento de Calp, Luis Serna, la Fiscalía de la Audiencia de Alicante comunicó que había remitido esas conclusiones al Juzgado Decano de Instrucción de Dénia al existir indicios que pudieran determinar la existencia de hechos delictivos.

La citada comisión de investigación, formada por los partidos de la oposición municipal (PSPV-PSOE, PSI y Bloc), pues el gobierno municipal rechazó participar en ella, entregó en julio de 2005 los resultados alcanzados al ministerio público.

Para estos grupos municipales, y de acuerdo con las conclusiones, "se aprecian indicios de presuntos delitos, como maquinación fraudulenta para alterar el precio de las cosas".

La empresa mixta Aguas de Calp subcontrató estos trabajos a una mercantil que, según la oposición, "carece de experiencia en obras de ingeniería social y de solvencia económica, pues su capital social asciende a 3.006 euros".

El fiscal ha solicitado hace unas semanas que declaren como imputados los consejeros delegados de Aguas de Calp Juan Roselló, edil del Partido Popular en esta localidad, y Francisco Zorrilla, como responsables de la subcontratación de las obras de mejora de la red a la sociedad Obras Hidráulicas de Levante (OHL). El ministerio fiscal no ve clara la adjudicación sin mediar concurso público de las obras de renovación de la red de agua potable de Calp.