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El fiscal pide cárcel para una red que financiaba a Al Qaeda desde España

Entre los imputados están tres islamistas acusados de intentar atentar en Barcelona

Juan Moral, fiscal de la Audiencia Nacional, demanda penas de entre 22 y 32 años de cárcel para 11 paquistaníes, a los que acusa de recabar dinero con el tráfico de drogas y otras modalidades delictivas para financiar a la red terrorista Al Qaeda.

Entre los acusados, todos ellos miembros del grupo terrorista Sunni Terik, cuyos ideales son apoyar a la llamada yihad mundial, se hallan tres islamistas a los que se acusa de conspirar para atentar en Barcelona contra el edificio comercial Maremágnum y las Torres Maphre. "Ambos edificios", señala el fiscal en su informe, "están situados en el puerto deportivo de Barcelona, y son lugares frecuentados por numerosas personas, por lo que [un atentado allí] hubiera producido gravísimas consecuencias". Cuando fueron detenidos, la policía registró sus casas y se incautó de vídeos, documentos y planos de estos edificios.

Los acusados fueron arrestados entre septiembre y noviembre de 2004 en Barcelona. La policía les decomisó documentos falsos confeccionados para eludir controles y enviar dinero a terroristas de Al Qaeda, entre ellos uno de los supuestos cerebros de los atentados del 11-M, Rabei Osman el Sayed, Mohamed el Egipcio.

Para tres de los 11 procesados -Mohammad Afzaal, Shazad Ali Gujar y Aslam Choudhry Mohammad- el fiscal pide 32 años de cárcel y una multa de 2.476.428 euros. Les acusa de los delitos de integración en organización terrorista, conspiración para cometer estragos, contra la salud pública y blanqueo de capitales.

Este caso fue instruido por el juez Ismael Moreno, quien en su auto de procesamiento no incluyó la acusación de blanqueo de capitales. Sin embargo, el fiscal sí ha contemplado este delito. Entiende que los procesados enviaban dinero procedente de la droga a la red Al Qaeda a través del sistema denominado hawala. El dinero que se envía por este sistema carece de control por parte de las autoridades. Señala el fiscal que desde comienzos de 2004, los acusados realizaron funciones de apoyo logístico y económico para atentar en España.

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