Ibarra estudiará un recurso contra el traspaso del Guadalquivir a Andalucía

El presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció ayer que su Gobierno estudiará plantear un recurso de inconstitucionalidad contra el traspaso de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, contemplada en la proposición de ley de reforma del Estatuto andaluz. Ibarra calificó de "disparate mayúsculo" reclamar esta competencia como exclusiva. Los socialistas andaluces consideraron "precipitado" el anuncio y volvieron a reiterar que esa demanda es "posible, deseable e irrenunciable".

Rodríguez Ibarra compareció ayer en la Asamblea de Extremadura para explicar su posición ante el Estatuto de Cataluña, pero su intervención salpicó también a otras reformas. "No tiene sentido si ustedes se escandalizan", dijo dirigiéndose a los diputados populares, "del Estatuto catalán y no les escandaliza el valenciano, el balear o incluso el andaluz, en algunos aspectos, como por ejemplo, que Andalucía quiera quedarse con la competencia exclusiva del Guadalquivir, que es un disparate mayúsculo".

El presidente extremeño adelantó a los diputados del PP que pedirá el apoyo de la Cámara para luchar contra el Estatuto andaluz, "en el caso de que se apruebe" como figura en la proposición: "Nosotros tenemos 1.200 kilómetros de cuenca del Guadalquivir, y siempre hemos dicho que todo aquello que tenga paso por distintos territorios es una competencia indeclinable y exclusiva del Gobierno central".

Las palabras del presidente extremeño, al contrario de lo que se pueda suponer, no causaron mucha intranquilidad entre los socialistas andaluces. "Las cosas de Juan Carlos", dijeron ayer algunos de ellos para quitar trascendencia al rechazo a la transferencia, aunque en público sólo se escuchó el mismo mensaje. "El traspaso es posible, deseable, a la par que irrenunciable", dijo el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, palabras que reiteraron el secretario de Organización, Luis Pizarro, y el portavoz parlamentario, Manuel Gracia.

Los socialistas andaluces consideraron "precipitado" anticipar lo que pueda ocurrir con la reforma del Estatuto andaluz, toda vez que la negociación sobre las enmiendas y las posibles modificaciones no se iniciará en el Congreso hasta el próximo mes de septiembre. "Hay fórmulas y cláusulas para evitar problemas legales y constitucionales, de manera que las otras tres comunidades por las que transcurre la cuenca vean garantizados sus derechos", afirmó Zarrías. Esto es lo que ocurrió cuando se traspasó la Cuenca Hidrográfica del Sur a Andalucía, que afecta en una minúscula parte a Murcia, cuyo Gobierno regional fue el primero en anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional si se produce el traspaso del Guadalquivir a Andalucía.

Desde el PSOE andaluz se insistió en que la petición que consta en el Estatuto es "plenamente constitucional" y que la reivindicación como competencia exclusiva de la cuenca la mantendrán. "No nos va a hacer cambiar de opinión ni Ibarra ni nadie", dijo Manuel Gracia.

Boicoteo y paripé

La portavoz de IU, Concha Caballero, pidió a Manuel Chaves, que intervenga ante el intento de "boicoteo" de dirigentes socialistas del Estatuto andaluz, algo que negó Zarrías, quien dijo estar convencido de que el presidente extremeño "hará cualquier cosa, menos contribuir al acoso y derribo" de la iniciativa. El PP, por boca de su secretario general, Juan Ignacio Zoido, acusó a Chaves de propiciar el "enfrentamiento" entre comunidades.

El PA se sumó a la teoría del PP de que el debate sobre el Guadalquivir es "un paripé". "La verdad que se esconde detrás de este anzuelo es que el PSOE de Ibarra y Chaves no quiere que Andalucía sea una nación como Cataluña", dijo su secretario general, Julián Álvarez, a Europa Press.

La cuenca del Guadalquivir transcurre en un 90,2% por Andalucía, mientras que la superficie afectada en Castilla-La Mancha es del 7,13%; del 2,45% en Extremadura; y del 0,2% en Murcia.

La petición del Guadalquivir en la proposición de reforma se hace por dos vías: en la disposición adicional cuarta, mediante el artículo 150.2 de la Constitución, que permite la delegación o transferencia de competencias estatales; y en el articulado, en el que se atribuye a la comunidad la "competencia exclusiva". El artículo 50 dice: "La comunidad autónoma ostenta competencias exclusivas sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, y de las obras públicas hidráulicas de interés general".