Zaplana se querella contra los diputados y los empresarios

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, anunció el pasado viernes, nada más hacerse públicas unas grabaciones que le relacionan con un caso de supuesto cobro de comisiones ilegales en Terra Mítica, que presentaría una querella por calumnias, y ayer, cuatro días después, cumplió con el trámite. Un representante legal de Zaplana presentó al mediodía ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una querella, con ejercicio de la acción penal y civil, "por calumnias e injurias graves propagadas con publicidad" contra los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such, y los empresarios Antonio Moreno y José Herrero.

Los dos empresarios, imputados en el caso de las facturas falsas en Terra Mítica, habían relatado a los parlamentarios, que grabaron las conversaciones, cómo hinchaban las facturas de las obras que realizaban en el parque temático con el propósito de generar comisiones ilegales y citaron a Zaplana como posible beneficiario de las mismas. Los dos diputados socialistas trasladaron la pasada semana estas grabaciones, acompañadas de una denuncia, a la Fiscalía para que investigara los hechos por si eran constitutivos de delito. La querella se admitió a trámite y recayó en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, que preside José Flors, según fuentes de este organismo.

En una nota pública, la Oficina de Prensa del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados aseguraba poco después que la querella se dirige contra los que "intentan relacionar a Eduardo Zaplana, sin pruebas y a cambio de dinero y beneficios judiciales en la causa en la que están imputados, en el cobro de comisiones ilegales". En la querella se argumenta que el único fin de los querellados fue "perjudicar el honor del señor Zaplana, imputándole la comisión de un delito que no ha cometido mientras fue máximo responsable de la Comunidad Valenciana". Zaplana insiste, según el texto de la querella, en que el propósito de Camarasa y Such fue "difamatorio, con ánimo de deteriorar gravemente la imagen pública, el honor y la dignidad de quien resulta ser su adversario político", ya que los diputados no realizaron averiguación alguna para comprobar la veracidad de lo que afirmaban los dos empresarios.

El querellante considera grave no solo la presentación "de una denuncia falsa" sino que los dos parlamentarios la hayan difundido "ampliamente" para su conocimiento público. "La razón de que no exista ni un solo indicio que pueda avalar la información facilitada a los medios de comunicación y a la Fiscalía es que resulta ser absolutamente falsa. Prueba evidente es que, según se desprende de la denuncia presentada en la Fiscalía, ninguno de los aquí querellados ofrece prueba alguna que acredite la realidad de sus imputaciones", concluye el comunicado del Grupo Popular.