La juez ratifica el archivo del 'caso Pallerols' y el fiscal volverá a recurrir

El final definitivo del llamado caso Pallerols, relativo a la supuesta financiación de Unió, está todavía por escribir. Cinco meses después de acordar el archivo de las diligencias, la juez Silvia López Mejía se ratificó ayer en su decisión en un auto judicial en el que desestima el recurso presentado por el fiscal y la abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación. La nueva decisión de la juez despeja el camino para que las acusaciones puedan presentar un segundo recurso solicitando la reapertura de la investigación, pero en esta ocasión lo resolverá la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona.

Ése fue el tribunal que juzgó y condenó en su día a varios militantes de Unió Democràtica por malversación de fondos públicos desde el Consorcio de Turismo de Cataluña. En el caso Pallerols, según los indicios que tenía la juez, el 10% del dinero procedente de los fondos de formación para parados que entregó el Departamento de Trabajo a las empresas del empresario andorrano Fidel Pallerols sirvió en realidad para financiar irregularmente a Unió Demovràtica (UDC).

El sobreseimiento provisional del caso Pallerols fue acordado por la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona el pasado 5 de diciembre, semanas después de que el Tribunal Supremo considerase que no había pruebas para investigar al diputado de UDC por Barcelona Josep Sánchez Llibre y al senador por Lleida Pere Grau. La juez razonó entonces, asumiendo los argumentos del Supremo, que las pruebas que había para unos son las mismas que hay para los otros 13 imputados, que estaban acusados de los delitos de prevaricación, malversación, fraude de subvenciones, falsedad y tráfico de influencias. En el caso de Fidel Pallerols, se le acusaba, además, de nueve delitos contra la hacienda pública.

Falta de pruebas

La juez también explica en su nueva resolución que nunca dijo que los hechos que estaba investigando no fuesen delitos, sino que no había pruebas para afirmar que se desvió el dinero. También argumentó que existían "anomalías administrativas" en la gestión de los cursos, pero que no hubo concesión arbitraria de subvenicones y que se realizaron el 98% de los cursos de formación para los que se habían concedido subvenciones.

Un planteamiento bien distinto es el que sostiene el fiscal del caso, Fernando Rodríguez Rey, quien considera que la exculpación de los aforados que acordó el Supremo no tiene por qué afectar al resto de los imputados. También considera la fiscalía que de las diligencias realizadas "se desprende claramente" que las empresas de Pallerols recibieron "una cantidad porcentual" acordada con el Departamento de Trabajo de la Generalitat que era del 10% y que los beneficiarios eran personas que ocupaban cargos de confianza en el Trabajo durante los años noventa o militantes de UDC.