Columna
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Indefensos

Entre los problemas graves que amenazan el futuro de la sociedad valenciana destaca el de la inseguridad. El desasosiego es un mal endémico entre los ciudadanos, los empresarios y los turistas. No se puede vivir ni trabajar con normalidad si no tenemos garantizada la presunción de confianza y tranquilidad que necesitan las personas. Por un lado tenemos la seguridad jurídica que se requiere para afrontar las diferentes situaciones laborales y de convivencia. La seguridad personal es requisito indispensable para que sea posible plantearse alternativas diversas. Es inconcebible que los individuos opten por un determinado lugar de residencia si no reúne las mínimas condiciones de supervivencia. La seguridad laboral o la seguridad de disponer de los servicios indispensables (policía, sanidad, formación, comercio o instalaciones deportivas) abren nuevas opciones a quien debe tomar la decisión de afincarse en un espacio concreto de convivencia. La seguridad profesional o de acogida social es otro factor que puede afectar a la decisión última de quienes han de optar entre vivir en un sitio o en otro. Al mismo tiempo es muy importante el perfil socioeconómico o profesional de quienes deciden instalarse, permanecer o marcharse de la Comunidad Valenciana. Hay enclaves situados en el perímetro autonómico que se caracterizan por albergar a colectivos más o menos recomendables de individuos, con sus correspondientes entornos familiares o de actuación profesional.

Desde hace unos años se incrementan robos y atracos que a menudo se pretenden explicar porque los delitos los llevan a cabo suramericanos, bandas del Este de Europa o inmigrantes africanos. Y nos guste o no, nos encontramos ante un alto nivel de ineficiencia de los cuerpos de seguridad. Las diferentes policías locales, nacionales, autonómicas y la guardia civil, se debilitan es sus resultados precisamente por su descoordinación. En la mayoría de los países europeos únicamente existe un cuerpo policial que atiende los distintos niveles de actuación civil.

Y desde el punto de vista electoral, que tanto interesa a nuestros políticos, los votantes tienen la sensación de inseguridad. Voy a referirme a dos casos concretos. Un empresario recibe la visita de los atracadores en su domicilio, con nocturnidad, y fallece por un colapso provocado por las palizas y la acción delictiva contra él y su esposa impedida por motivos de salud. Otro empresario recibe la visita de los cacos en su domicilio donde buscan dinero. Suena la alarma y mientras acude el dueño a su casa, los ladrones rompen y destrozan todo lo que encuentran. Los atacadores son avisados por un confidente y desaparecen. Acude la guardia civil al domicilio violentado y mientras comprueban los desperfectos, los delincuentes van a la casa del socio del empresario para forzarla y conseguir lo que no han encontrado en el primer atraco. Después de un robo, con más o menos violencia, se produce una situación depresiva para quien la padece y las noticias que emiten periódicos, revistas y medios audiovisuales son descorazonadoras. En lo que coinciden prácticamente todos los atracados es en la sensación de inseguridad que se prolonga, con episodios reiterados, en etapas de larga duración. ¿De qué sirve disfrutar de una vivienda espléndida y acondicionada, con excelentes vistas e inmejorables prestaciones si no es posible sentirse con suficientes garantías personales?

Pronto aparecen alarmas, rejas, cerrojos y mecanismos de alta tecnología, para disuadir a los delincuentes, pero realmente solo sirven para autoconvencerse de algo tan elemental como es la seguridad. La confianza es la primera condición para poder vivir, comer, dormir, leer o distraerse en las condiciones mínimas que exige la salud mental de las personas.

La percepción de inseguridad se repite hasta el extremo de que deteriora las condiciones de vida. En los despachos y muy especialmente en los polígonos industriales se atraca y se allanan las oficinas y los talleres. La inseguridad ciudadana en núcleos urbanos y en zonas residenciales y rurales es una cuestión prioritaria que si no se comienza a resolver, repercutirá sobre las actividades empresariales, sobre el turismo y sobre el mismo valor de las cosas, al tiempo que afecta a los hábitos de las personas. El Estado tiene la obligación y la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y a todos los que residen en su territorio. En las circunstancias actuales y de acuerdo con la legislación vigente están más contemplados los derechos de los delincuentes y se conculcan de hecho los derechos de las personas pacíficas que cumplen con sus obligaciones ciudadanas y pagan sus impuestos. Cuando se producen situaciones de autodefensa o se establecen servicios de vigilancia privada, justificados por el estado de alarma social, se pone en evidencia la ineficiencia del sistema policial, su descoordinación y la inoperancia de las leyes que urge adaptar a las circunstancias en que vivimos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0016, 16 de mayo de 2006.

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