De España ve tan grave la grabación de los diputados como almacenar droga

El presidente de las Cortes Valencianas, el zaplanista Julio de España, y el Grupo Popular pusieron ayer toda la carne en el asador y, en su afán por defender a Eduardo Zaplana, se centraron únicamente en atacar a los socialistas y censurar su actuación y la grabación "ilegal". Si el lunes De España ya anunció que estudiaría la adopción de medidas contra los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa por hacer en el despacho de este último una "grabación ilegal", ayer fue más allá y consideró tan grave que los parlamentarios hayan utilizado la Cámara para "hacer actos delictivos" como "que almacenen droga". De España consideró "absolutamente reprobable que se utilice la sede parlamentaria para llevar a cabo estas felonías y montajes". El presidente fue más allá y tras considerar una "felonía que un partido político se preste a cualquier cosa con tal de intentar desacreditar o acabar con un rival político", en referencia a Zaplana, acusó a los socialistas de comprar con dinero las acusaciones de los dos empresarios: según De España, no se puede "ofrecer un millón o un millón y medio de pesetas con tal de inventar embustes".

Sentencias del Supremo y del Constitucional avalan la legalidad de las grabaciones

Nada más realizar estas declaraciones, De España acudió a la reunión de la Mesa de las Cortes, donde comunicó que había encargado al letrado mayor un informe jurídico, para conocer "los precedentes en el Parlamento de las conductas que se han producido [en referencia a la grabación]", por si "tuviera que tomar alguna iniciativa como presidente". En la reunión, el letrado mayor pidió a De España que le aclarara en qué términos se debía realizar el informe puesto que consideraba que el presidente ya había "actuado" ante los hechos ocurridos, pues "había manifestado [a los periodistas] lo que quería".

La actuación del Grupo Popular fue en la misma línea: su dirección aprobó un comunicado de apoyo a Zaplana y de rechazo de las "prácticas mafiosas, indecentes, deshonestas y antidemocráticas" de los socialistas.

Estos últimos arremetieron contra De España. El vicepresidente segundo de las Cortes por el PSPV, Joaquim Puig, compareció con la secretaria segunda de la Mesa, la también socialista Carmen Ninet, y aseguró que el presidente de la Cámara había "traspasado la frontera de lo institucional para situarse en la frontera de la política de fracción o de la política partidaria". Puig añadió que "no puede ser presidente de las Cortes asumiendo un papel de líder de fracción o de partido" y que la "instrumentalización" de la presidencia de la institución "al servicio del PP y de Zaplana" sitúa a De España en una "disyuntiva": "O es presidente de las Cortes y de todos los valencianos o se dedica a la defensa de Zaplana y de los argumentos del PP".

Por otra parte, las reiteradas declaraciones de los populares centradas en la supuesta ilegalidad de las grabaciones que los diputados socialistas llevaron la semana pasada a la fiscalía chocan de lleno con varias sentencias de altas instancias judiciales. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han sentado jurisprudencia al respecto: un fallo de la Sala de lo Penal del Supremo dictaminó en 1999 que "la grabación de las palabras de los acusados realizadas por el denunciante con el propósito de su posterior revelación no vulnera ningún derecho" y recuerda la obligación de denunciar los hechos delictivos que establece le Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por su parte, el Constitucional, en una sentencia de 2003 por un recurso de amparo por vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, consideraba que tal vulneración no existía y añadía que "no se comprende el interés constitucional que pueda existir en proteger el secreto de la comisión de un delito".

El Supremo también se pronunció, en 1994, en un caso comparable al denunciado por los socialistas valencianos: la grabación de una conversación en un despacho. Y señalaba: "Pretender que la revelación realizada por el denunciante de los propósitos que le comunicaron los acusados vulnera un derecho constitucional a secreto, carece de todo apoyo normativo en la Constitución".