"El empresario tiene sensación de impunidad"

Juan Manuel de Oña (Almería, 1944) es desde hace poco más de un mes el máximo valedor de la justicia en la persecución de los accidentes laborales. Tras ejercer durante 19 años como fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Almería, De Oña se ha convertido en el primer fiscal de sala coordinador en materia de accidentes laborales que existe en España, un cargo dependiente de la Fiscalía General del Estado. Desde un despacho sobrio, sin placas ni apenas mobiliario, en el centro de Madrid, el fiscal defiende con ahínco la necesidad de reducir el número de accidentes y, sobre todo, de impedir que queden impunes.

Pregunta. ¿Qué puede hacer una persona sola frente al millón de accidentes que se producen cada año en España?

"Ir al trabajo no puede suponer jugarse la vida. Al trabajador hay que protegerlo frente a él mismo"

"El empleo precario y los inmigrantes son los colectivos más desprotegidos"

"La violación de las normas de seguridad ha dejado de ser rentable por las consecuencias penales"

"La prevención es cara, pero mucho más lo son los resultados lesivos de los accidentes"

Respuesta. Desde luego, no estoy solo. Cuento con una red nacional de fiscales. Yo lo que voy a hacer es coordinar las secciones, crearlas donde no existan y establecer unas pautas de actuación uniformes en toda España. También es sumamente importante dotarlas de buenas fuertes de información. Los últimos datos, de 2004, indican que se incoaron sólo 143 procedimientos por muertes por accidentes y hubo 955. ¿Qué pasa con las 812 restantes? ¿Es que no se incoó procedimiento o no se hizo adecuadamente? ¿O no se han registrado bien en los datos estadísticos?

P. ¿A qué atribuye ese desfase de cifras? ¿No se denuncian todos los casos?

R. Son dificultades de diferente tipo. Todas las lesiones que van a un centro hospitalario se remiten al juzgado de guardia. En el parte se hace constar que es en accidente laboral. Pero si en el juzgado no se tratan como lesiones en accidente laboral, aparecen miles y miles de lesiones que se archivan.

P. ¿Por qué ocurre eso?

R. Es una de las dificultades que tenemos. Además de no constar que es un accidente de trabajo, hay dispersión de los procedimientos. Todavía no podemos contar con un fiscal del caso ni con juzgados especializados, como hay en violencia de género. Y cuando se incoan los procedimientos como accidente, la tramitación suele durar excesivamente, a veces de forma interesada. Ahí el fiscal debe actuar como dinamizador. Otra dificultad es que cuando se inicia el procedimiento, la víctima o los familiares suelen personarse en las actuaciones. Cuando son indemnizados, se apartan del procedimiento y sólo se queda el fiscal.

P. Y ese proceso podría seguir.

R. Debe seguir. Si el hecho es delito, por estar indemnizado no tiene que cesar la persecución penal. Tiene que llegar a las últimas consecuencias. Si no, se piensa que no pasa nada y el sujeto infractor no introduce en su cabeza mecanismos correctores. Hay que dejar claro un mensaje: la violación de las normas de seguridad ha dejado de ser rentable por las consecuencias penales.

P. ¿Por qué existen tantos accidentes laborales en España?

R. Por falta de cultura de prevención. En otros países, esa cultura está mucho más acusada. Muchas cosas las tenemos en nuestra propia ley. La prevención es cara, pero mucho más lo son los resultados lesivos de los accidentes. Es necesario imponer esa cultura de prevención.

P. ¿En quién recae la responsabilidad de implantar esa cultura?

R. Es de todos, también de los medios de comunicación. Tenemos que se absolutamente inflexibles en siniestralidad laboral. La prevención estricta recae sobre las autoridades laborales, los inspectores de trabajo, los gobiernos autonómicos... Ésos son nuestros informadores del quebrantamiento de las normas. Si se persigue, la gente pensará que se está jugando ir a la cárcel.

P. ¿Por qué hay tanta sensibilidad con la siniestralidad en carretera y tan poca con los accidentes laborales?

R. Efectivamente es así. No podemos quedarnos tranquilos y aceptar pacíficamente la actitud fatalista que considera la siniestralidad laboral como un precio que hay que pagar por el progreso o por el aumento de la riqueza. Ir al trabajo no puede suponer jugarse la vida. La persecución de los delitos es cada vez más complicada, por eso la especialización se impone. Nos encontramos con problemas de escasez de plantilla y de falta de exclusividad. La dedicación íntegra de los fiscales sería una de las vías de solución.

P. ¿Se va a crear una policía específica para siniestralidad?

R. Ya ha habido conversaciones con Interior, con el Consejo General del Poder Judicial, con la Inspección de Trabajo... La policía es fundamental, pues es quien llega primero al lugar del accidente. Esa primera inspección ocular es fundamental para el tratamiento jurídico-penal del proceso.

P. ¿Cuándo podría empezar a funcionar?

R. Es un problema de plantilla. A lo mejor tendría que empezar llevando simultáneamente otros asuntos. Por ejemplo, la Guardia Civil, que actúa en incendios, pues también podría ocuparse de eso... pero depende de Interior y de la disponibilidad.

P. ¿Cree que existe sensación de impunidad en el empresario?

R. Desde luego, la respuesta penal no está a la altura de los resultados lesivos. Si se producen 1.000 muertes al año y escasas sentencias condenatorias por delitos graves, la respuesta penal no es lo enérgica que debería. Entonces se crea esa sensación de "aquí no pasa nada", de impunidad. Todo se resuelve por la vía de la indemnización. Si atendemos al número de sentencias, la respuesta penal no es adecuada. Y así, debe existir un mayor sentimiento de impunidad.

P. ¿Se observa negligencia o actitudes descuidadas entre los trabajadores?

R. Sí, pero es que hay jurisprudencia constante del Supremo de que al trabajador hay que protegerlo frente a él mismo. No vale como excusa: "Es que en Andalucía hace mucho calor y no se pone el casco". Pues cómprele usted uno ligero, uno de muchos más euros, de forma que usted pueda exigírselo. La actitud del lesionado puede concurrir con la imprudencia del empleador, incluso reducir algo su responsabilidad, pero ésa no es la idea, al trabajador hay que protegerlo frente a su propia imprudencia. Hay que hacer labor de inspección. Los inspectores ahora han aumentado, pero son pocos.

P. ¿Cree que puede haber mucha siniestralidad enmascarada?

R. Puede haberla, pero cuando la consecuencia es grave es más difícil porque se ven implicados los centros hospitalarios. Puede que en lesiones leves esa cifra negra sea más elevada.

P. Sólo el 4% de las empresas que han tenido siniestros cumplían con todos los requisitos. ¿No es escalofriante?

R. A mí no me sorprende. Basta ir por la calle para comprobar cómo en alguna obra no están las barandillas ni las redes, no está anclado el trabajador, no lleva el casco... El cumplimiento de las normas preventivas evitaría gran parte de los accidentes.

P. ¿Cuáles son los colectivos más desprotegidos?

R. El empleo precario y los inmigrantes. El precario por elementales razones: el profesional formado elimina muchas situaciones de riesgo. Y entre los inmigrantes, hay que distinguir los regularizados de los que no lo están. Como sujeto pasivo, el no regularizado es el que puede ser víctima de abusos, de explotación... Ahí también tenemos que actuar intensamente, lo que pasa es que es difícil porque no se cuenta con la colaboración del trabajador.

P. ¿Existe entre las autoridades una actitud decidida a acabar con esto?

R. Existe, sin duda alguna. Es posible que falten medios. Ahí es donde tenemos que marcar el interés, en la consecución de estos medios.

P. De la ingente labor que tiene por delante, ¿qué le gustaría conseguir de forma inmediata?

R. Una reducción del número de accidentes laborales, aunque la estadística no va por ahí, desgraciadamente. Y que bajaran los procedimientos penales porque han bajado los accidentes. Como trabajo inmediato, lograr que las secciones de la fiscalía funcionen. Eso se traducirá en una respuesta penal más intensa y el ciudadano sabrá que si no actúa como la ley exige puede ser condenado. Y cuanto antes se consiga, mejor para el empresario, para el trabajador y para la sociedad.