Los inconvenientes de la falta de regulación

El mayor riesgo regulatorio es el que se da en aquellos sectores en los que no existe regulación. Por los intersticios de la falta de regulación se cuelan los pillos y las irregularidades que hacen daño sobre todo a aquellos que disponen de menos información y son más débiles. Otra vez ha emergido la misma lección con el escándalo de Afinsa y Fórum Filatélico, que no ha hecho más que empezar y que durará al menos una generación. Que no nos engañen otra vez: donde hay fuertes y débiles, la libertad oprime y la ley libera.

Desde el gigantismo de ciudades como Madrid o Barcelona quizá no se disponga de la sensibilidad necesaria para evaluar la profundidad del fraude de los sellos. Pero hay multitud de pequeñas localidades en las que un buen porcentaje de su población invirtió en este sector (porque les convencieron de ello agentes honrados) los ahorros de una vida, el dinero de la prejubilación, un fondo de pensiones para el retiro, o simplemente se motivó por la irresistible codicia de unos tipos de interés superiores a los del mercado. No se trata de un caso como el de Gescartera, un pequeño chiringuito piramidal, sino del corazón del sistema, y sus efectos -reales y pedagógicos- correrán largo tiempo por el aparato sanguíneo del mismo. Se estima que el desfase patrimonial, la diferencia entre el dinero invertido y las cantidades que tienen las empresas para responder ante sus clientes, supera al menos los 3.500 millones de euros, más casi 2.000 millones de fraude fiscal.

Carlos Ponzi fue un estafador italiano que en 1920 puso de moda en la teoría económica el esquema de la pirámide que tomó su nombre: pagar obligaciones viejas con dinero proveniente de inversores nuevos; el esquema se desmorona cuando el flujo de fondos que se ingresa por abajo (los inversores más nuevos) comienza a reducirse en relación con el flujo de fondos que sale por arriba (retribución a los inversores más antiguos). La empresa de Ponzi, afincada en Boston, dijo haber encontrado el secreto de ganar mucho dinero comprando en Europa unos cupones que se podían redimir con sellos en EE UU; el fiscal que descubrió el caso se dio cuenta de que el negocio subía como la espuma, pero la compraventa de sellos no había aumentado. Los clientes sólo recuperaron, mucho después, el 37% de su inversión y Ponzi salió pronto de la cárcel. La historia se repite y no siempre como comedia.

Los primeros días de este nuevo escándalo se ven forjados por numerosas paradojas. La inicial es la más universal y conviene no olvidarla nunca. El negocio se presentaba como inversiones seguras con rentabilidades muy altas, lo cual es una contradicción en los términos; sólo hay rentabilidades extraordinariamente altas con riesgos extraordinariamente altos: el inversor puede ganar mucho dinero, pero también perderlo.

La segunda es la fuerza de la demagogia: el presidente del PP -partido de ideología liberal-, Mariano Rajoy, ha tratado de atizar el fuego y aprovechar electoralmente el miedo de los inversores a perder su dinero, y ha pedido "que el Gobierno no deje tirados a los inversores". Y un Gobierno de tendencia socialista se encuentra atrapado entre sus responsabilidades para encontrar un equilibrio entre el interés general, el de los inversores por recuperar su dinero y el de los contribuyentes para que no se malutilicen los impuestos que ellos pagan.

Para vigilar en las sociedades de crédito ese equilibrio, se creó a finales de los años setenta el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), una institución que garantiza parte de los depósitos de los clientes y da soporte a las entidades financieras en dificultades. El patrimonio del FGD está constituido por aportaciones de todas las entidades en un porcentaje de los depósitos y con recursos del Banco de España. En su historia de más de un cuarto de siglo ha destinado alrededor de 3.500 millones de euros (una cantidad similar al desfase de los sellos) a atajar las crisis de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Pero en la inversión en bienes tangibles, que depende del Ministerio de Sanidad, no se creó ningún sistema de protección y lo que se haga a partir de ahora sólo vinculará a los clientes futuros.