Sombrías complicidades

A la memoria de Juan Pecourt García

Las responsabilidades que se esconden tras el proceso de construcción de muchas ciudades forman una urdimbre compleja, con un sinfín de acusaciones, culpas, disculpas, excusas y preguntas cuya respuesta casi es mejor no saber. En un estrato social tan artificioso como heterogéneo, en el que confluyen las más bajas ambiciones y la soberbia de los que se sienten impunes, el urbanismo se utiliza como pretexto para vulnerar los principios más básicos de la estructura democrática. La ciudad y su territorio bailarán al son del disparate exhibiendo la fea imagen del caos, de la indisciplina y del estropicio.

Con Marbella a la cabeza, la Comunidad Valenciana ocupando un merecidísimo segundo puesto y una inexcusable mención de honor a Murcia, la costa mediterránea vive años de angustia sin precedentes al haberse convertido en testigo de cargo de la borrachera inmobiliaria más repugnante y colosal de la historia del urbanismo español. Instituida la inercia del dinero fácil, se ha ido uniendo a la cruzada cada vez más gente interesada por el negocio de la construcción que vive un periodo marcado exclusivamente por la codicia.

Las consecuencias de la depredación que se está llevando a cabo son brutales, tremendas. Una importante extensión de la franja mediterránea está perdiéndolo todo: las playas, las montañas, los árboles, la historia, los cultivos, el agua, el aire. Sólo queda un tórrido sol brillando sobre los infernales paraísos de cemento. Y los campos de golf, tan ajenos a su contexto, y tan falsos, que cuesta creer que no son alfombras de césped de plástico. Espejismos a punto de derretirse en medio del páramo.

Muchos profesionales de formación universitaria: arquitectos, abogados, geógrafos, biólogos, economistas o ingenieros, trabajan asalariados para las grandes empresas dedicadas a la promoción y construcción de viviendas. Es necesario saber que la cadena de responsabilidades es extensa. Ni las páginas de este periódico deberían contener publicidad de urbanizaciones monstruosas como Marina D'Or, ni la clase política debería promover juergas urbanísticas siniestras, como Terra Mítica, ni los biólogos deberían consentir la ocupación de las huertas. Por supuesto, ni los arquitectos, ni los ingenieros, deberían proyectar, dibujar, tramitar, gestionar, dirigir, supervisar o informar favorablemente los proyectos que se están realizando. El aprendizaje en profundidad que debe ofrecer la universidad sobre una disciplina tan compleja como la urbanística debería garantizar los compromisos éticos de los profesionales. Pero no siempre es cierto. Todo un campeón de la fealdad y del mal gusto, capaz de atesorar cadáveres de animales extraordinarios, y del que no podemos esperar respeto alguno por el medio ambiente, ni por el paisaje, ni por nada, resulta ser todo un ingeniero de minas, es decir: un grupo A en la administración. El cuadro de Miró colgando de las paredes de su váter ha herido más susceptibilidades que toda la actividad urbanística a la que nos estamos refiriendo. Se ha estrenado, al menos, un rechazo social hacia la obscenidad y la grosería que supone esa forma de exhibición de la riqueza. Algo es algo.

Si todo esto resulta alarmante para cualquier ciudadano, lo es mucho más para los que han sido directamente avasallados o desplazados por operaciones urbanísticas absolutamente injustificadas. Pero los que profesionalmente estamos vinculados con la enseñanza del urbanismo nos sentimos cruelmente desafiados. Mirar la evolución de las ciudades desde la perspectiva del profesor universitario puede transformar el sueño en pesadilla.

Cada año salen de nuestras aulas miles de licenciados en profesiones vinculadas con el urbanismo que irán ocupando puestos de responsabilidad en grandes empresas, en la administración pública y en despachos privados. Es inquietante pensar en ellos, en nuestros compañeros y en nosotros mismos. Cada barbaridad que se construye precisa varias firmas de profesionales que lo avalan. Alguien ha tenido que prever su existencia desde el planeamiento, alguien ha informado favorablemente el derribo de un inmueble valioso, alguien ha interpretado mal una ordenanza para hacer posible la tala de un árbol extraordinario, alguien ha redactado el proyecto, alguien ha informado la licencia, alguien ha visado el proyecto en el colegio profesional correspondiente, alguien ha dirigido la obra, alguien ha dado fe, alguien ha inscrito una locura en el registro de la propiedad, y todos ellos han sido formados en la universidad.

La aquiescencia de los colegios profesionales y el silencio de casi todos, termina por hacer posible lo que nunca debería serlo. La alusión a que con una postura en defensa de la ciudad pueden jugarse el puesto de trabajo, es tan mezquina como frecuente. Tras esa excusa se esconden multitud de discapacidades profesionales y de complicidades, tan miserables o más que las decisiones políticas a las que avalan. Los salarios no salen del bolsillo de los políticos y, por tanto, los profesionales adscritos a la administración han de defender el bien público, en toda la extraordinaria dimensión de la palabra, frente a cualquier interés privado, incluido su puesto de trabajo.

Hace unos días se anunció en la prensa el proceso de modificación de la Ley del Suelo encaminada a "impedir recalificaciones masivas, mejorar la ciudad, proteger el paisaje y garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos". Después de ver a los políticos inaugurar triunfantes el último aullido de Calatrava, descubrir algunos signos de perplejidad, es esperanzador. Pero también hace unos días se presentó ante los órganos de la Universidad Politécnica de Valencia un "Master universitario en diseño, construcción, mantenimiento y gestión de campos de golf". Ante algo así, nadie sabe si corresponde hablar de perplejidad o de desesperación.

Si en la universidad no somos capaces de transmitir todos los conocimientos necesarios para construir la ciudad como merece, luchemos por una formación sólida sobre los principios de la dignidad profesional cuyo cumplimiento colectivo ahorraría muchos disgustos.

Carmen Blasco, Francisco J. Martínez y Matilde Alonso son arquitectos y profesores de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia.