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Una promotora inicia en Manilva el derribo de seis viviendas construidas en zona verde

El Ayuntamiento, que decretó el derribo, espera que el caso sirva de "aviso a navegantes"

Javier Martín-Arroyo

La promotora Green and Blue Properties comenzó ayer el derribo de seis viviendas construidas en una zona verde de titularidad municipal en la zona de gran expansión urbanística de El Hacho en Manilva (Málaga). "No nos puede gustar andar tirando casas, pero espero que se convierta en un aviso a navegantes", avisó el alcalde, Salvador Zotano, en alusión al voraz desarrollo urbanístico que experimenta el pequeño municipio de la Costa del Sol, que prevé quintuplicar su población en los próximos años. Las viviendas no estaban ocupadas ni tampoco vendidas.

El alcalde de Manilva, Salvador Zotano, no quiso frenar las expectativas de negocio que las promotoras codician en este municipio de la Costa del Sol con abundante suelo aún por urbanizar: "Seguimos con los brazos abiertos a cualquier promotor, aunque el Ayuntamiento será inflexible para poder respetar los parámetros de legalidad", anunció.

La demolición de las seis viviendas en la urbanización Cortijos Altos a cargo de la promotora Green & Blue Properties comenzó a tramitarse el pasado diciembre tras detectar los técnicos municipales de Disciplina Urbanística que incumplían el planeamiento municipal. A continuación el alcalde dictó un decreto por el que ordenaba la suspensión inmediata de las obras, además de otorgarle a la promotora un plazo de audiencia.

Aviso

Transcurrido el plazo el pasado 6 de marzo, Zotano firmó un segundo decreto que ordenaba la demolición del inmueble en el plazo de un mes desde su notificación, para que así la empresa ejecutase el derribo, y le avisaba de que si no lo hacía, sería el propio Ayuntamiento quien lo ejecutara.

La promoción está formada por 50 viviendas agrupadas y 12 plurifamiliares, y sólo seis de ellas ocupaban la zona verde, a escasos metros del campo de golf La Duquesa, y fueron denunciadas por el propio Ayuntamiento. El interés de la promotora en vender las 56 viviendas restantes hizo el resto, y su respuesta sólo se retrasó dos semanas, por lo que evitaba los recursos judiciales que retrasarían los oportunos permisos municipales de primera ocupación. El 23 de marzo Green and Blue Properties solicitó la correspondiente licencia municipal para la demolición, y tras una prórroga el Ayuntamiento le concedió licencia de obras para el derrumbe.

El director del proyecto de derribo, Enrique Garralón, explicó que los trabajos, ejecutados ayer por la empresa Detecsa y que durarán ocho días hasta la recogida de escombros, incluye una última fase para la construcción de un talud con terrenos vegetal.

"La orden de demolición pretende adecuar todos los parámetros urbanísticos a lo recogido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental. Además, supone la primera medida de la recién creada Gerencia de Urbanismo", explicó Zotano.

El Ayuntamiento tiene aún que culminar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en un municipio muy codiciado por las promotoras inmobiliarias. El alcalde y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Zotano, fue expulsado del PSOE el pasado noviembre tras desobedecer la consigna de la dirección del partido de votar a la candidata de IU, Antonia Muñoz, en el pleno que eligió nuevo mandatario para reemplazar a Pedro Tirado, que dimitió tras ser encarcelado por su imputación en la Operación Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales.

Zotano expresó ayer que algunas directrices para el nuevo PGOU ya se han introducido en el avance del plan, y otras, como la previsión de suelo para equipamientos comerciales, el parque de Las Viñas o la ocupación del 50% del suelo a desarrollar, se introducirán en el documento definitivo.

Tras obtener la alcaldía, Zotano mostró su disposición a una colaboración "total y absoluta" con la Junta en materia de Urbanismo y afirmó que respetaría la decisión del Gobierno andaluz, que el pasado diciembre barajó la posibilidad de retirar las competencias urbanísticas a Manilva, al igual que sucedió en Marbella. Zotano anunció entonces que su equipo de gobierno revisaría los convenios urbanísticos firmados por su antecesor Pedro Tirado.

La promotora Green and Blue Properties contrató a Guadalmansa Instalaciones, empresa afectada por la operación Ballena Blanca y que tuvo que despedir a 120 trabajadores y que se encuentra al borde de la quiebra, para construir dos urbanizaciones en Manilva y Estepona junto a la promotora White Compass.

Ningún directivo de Green & Blue Properties quiso ayer realizar comentarios sobre la demolición.

Una grúa derriba las viviendas construidas en zona verde.
Una grúa derriba las viviendas construidas en zona verde.JULIÁN ROJAS

Un paisaje con 43 grúas

"Si quieren llevar la ley urbanística a rajatabla, tienen que tirar media Costa del Sol... En infracciones estamos a la orden del día". El director técnico del primer derribo significativo de una construcción en Manilva, ponía ayer humor negro al insólito paso contra el avance del ladrillo.

A pie de obra, el paisaje era impresionante. Se divisaban nada menos que 43 grúas. Levantan nueve descomunales promociones inmobiliarias en la zona de El Hacho, unas colinas verdes a 500 metros del mar.

Las colmenas de apartamentos en tonos ocres, amarillos y blancos le han comido terreno a los matorrales. Constructoras como Ros y Falcón y Arenal 2000 hacen su agosto en estas colinas que se convertirán muy pronto en segunda residencia de miles de familias. La grúa de la empresa Detecsa pegaba mordiscos al edificio cercano a la ruina, y a escasos 30 metros del derribo, Tom y Mark, dos británicos, jugaban al golf en el campo de La Duquesa ajenos al polvo que desprendía.

Al no estar ninguna de las viviendas que rodeaban las viviendas del derribo ocupadas, no hubo molestias posibles para los inexistentes vecinos, y los únicos testigos del derrumbe fueron los obreros y los periodistas.

"Sólo se persigue que se siga la ley", repetía con paciencia el alcalde Salvador Zotano para quitarle hierro al derribo.

El presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, apuntó dos efectos derivados del derribo: "Restaurar la legalidad y dar un toque de atención a quien pretenda infringir la ley".

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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