Unicaja dará créditos blandos para legalizar viviendas en Chiclana

El alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román (PSOE), y el presidente de Unicaja, Braulio Medel, firmaron ayer un acuerdo por el que la entidad de ahorro se compromete a facilitar créditos blandos a los propietarios de viviendas construidas al margen del planeamiento urbanístico, que se encuentran ahora en fase de legalización. Los créditos deberán destinarse a costear licencias y obras.

Los créditos preferentes deberán ser empleados para sufragar los costes de licencias y de obras de urbanización a la que están obligados los propietarios, después de que el ayuntamiento haya recalificado los suelos para normalizar las construcciones en cumplimiento del nuevo Plan de Ordenación Urbana (PGOU).

Román aseguró ayer que la operación puede beneficiar a unos 10.000 propietarios que han edificado en suelos urbanos no consolidados y que, según dijo, deberán "hacer frente ahora a una considerable inversión económica". El alcalde afirmó que, gracias al crédito "los pagos se harán más llevaderos, por lo que abrimos una vía muy importante para muchas familias".

En próximos días, en coordinación con los propietarios, el Ayuntamiento facilitará a la Caja un listado de los titulares de las viviendas ilegales "para que Unicaja pueda abrir un proceso adaptado a las circunstancias". Se trata del último convenio alcanzado por el Ayuntamiento con instituciones implicadas en el proceso de legalización de las viviendas, ante el convencimiento de que el derribo de las promociones "supondría un elevado coste social y económico".

Tras siete años de gestiones, el consistorio ha alcanzado acuerdos con las Consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente, que han supervisado el cambio de uso de los suelos y cofinanciado la instalación de la red de suministro y saneamiento. Además, han sido firmados convenios con la compañía eléctrica Sevillana-Endesa, encargada de instalar una red homologada. Los colegios de Arquitectos y Aparejadores de Cádiz han analizado la situación de las construcciones y han supervisado, junto a técnicos municipales, el diseño urbanístico de las áreas afectadas, situadas en la mayoría de los casos en las afueras de la ciudad y con importantes carencias en materia de viales, saneamiento y zonas públicos.

El nuevo PGOU reconoce 19 zonas factibles de legalización, con una superficie total pendiente de ordenación de 18 millones de metros cuadrados. El área municipal de Urbanismo ha unificado el proceso de legalización para dar respuesta mediante un único procedimiento al problema derivado del crecimiento irregular de inmuebles que ha sufrido la ciudad, como resultado del empuje económico experimentado en las últimas décadas.

Según la estimación municipal, el procedimiento básico de legalización tendrá un coste "no inferior a los 3.000 euros". A esta cifra se le sumará la de realización de un proyecto de obra, supervisado por técnicos, en cada vivienda y la mitad del coste de la canalización de la red de suministro. El 50% restante será pagado por la Junta.