El juez clausura por dos años la 'herriko taberna' de Zamudio
La medida de Grande-Marlaska pretende evitar la financiación de ETA
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decidió ayer clausurar por dos años la herriko taberna de Zamudio (Vizcaya), denominada Asociación Cultural Julemendi. El magistrado considera que desde esa entidad se "continúa dando cobertura e infraestructura a los fines criminales" de ETA y su entorno. Por ello, el juez ha ordenado la clausura de los locales, para evitar la financiación de la banda terrorista.
El fiscal no solicitó ninguna medida cautelar, ni de clausura ni de ningún otro tipo, sobre la herriko taberna de Zamudio. Sin embargo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la Asociación Dignidad y Justicia reclamaron su clausura por entender que el presunto miembro de Ekin Ibon Meñika, detenido hace una semana con bonos para ayudar a la financiación de ETA, realizaba sus gestiones en los locales de la herriko taberna y distribuía desde allí material de la banda terrorista.
Las defensas se opusieron al cierre de los locales porque están arrendados y debería comparecer la persona que realiza la explotación económica de los locales, pero no la Asociación Julemendi.
En el auto de clausura, el juez señala que "las conocidas como herriko tabernas se encuentran gestionadas directamente por la ilegalizada Batasuna" y cumplen funciones diversas, pero "principalmente financiación, logística y propaganda del entorno ETA-KAS-Ekin (MLNV)".
El magistrado asume en su escrito las afirmaciones realizadas en 2002 por el juez Baltasar Garzón, que señalaba que las herriko tabernas son "espacios de acceso restringido a la militancia del (MLNV), dotados de un especial grado de confidencialidad y opacidad, que es aprovechado por aquellas estructuras más vinculadas con actividades de violencia y coacción contra bienes y personas opuestas a sus intereses". Y añadía que se utilizan para "la captación de nuevos militantes, el depósito, más o menos temporal de armas y explosivos para la comisión de atentados de ETA, la elaboración de artefactos explosivos e instrumental de lucha callejera, y la recopilación de información de futuros objetivos terroristas".
Grande-Marlaska se ha basado en las declaraciones policiales de Ibon Meñika, en las que reconocía su participación en la financiación de ETA mediante bonos, que si bien fueron realizadas en presencia de letrado, no fueron ratificadas ante el juez. No obstante, el magistrado señala que los bonos incautados al detenido y los incautados en el registro de la herriko taberna para financiar la ilegalizada agrupación electoral Herritarren Zerrenda confirman la actividad de la asociación y agrega que la clausura obedece a evitar la "reiteración delictiva".
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