La fiscalía archiva la investigación de compra ilegal de terrenos del alcalde de Tavernes y un familiar

La Fiscalía de Valencia no ha encontrado indicios de delito en la compra de terrenos en Tavernes de Valldigna realizada por Arturo Alario, ex director de inversiones de Bancaja y primo del alcalde del municipio, Eugenio Pérez, un mes antes de que se hiciera público el proyecto urbanístico Vall de la Mar. Fue el pasado noviembre cuando Esquerra Unida denunció la posible utilización de información privilegiada en favor de intereses personales. La sección de delitos económicos abrió diligencias de investigación. Según consta en el escrito del ministerio público, "el hecho de la adquisición de terrenos por parte de Arturo Alario un mes antes de la propuesta de Proyecto de Actuación Integral (PAI) se ajusta a la realidad". Añade que "según resulta de las escrituras de compraventa de fecha 3 y 6 de mayo de 2005, Arturo y José Luis Alario Mifsud adquirieron por valor aproximado de 27.000 euros unos terrenos que podrían verse afectados por el proyecto urbanístico". Ese proyecto urbanístico fue instado por Actura S.L., del grupo Bancaja, del que Alario, entonces, era responsable de inversiones, y del que tenía conocimiento el Ayuntamiento, cuyo alcalde es primo de Alario. La fiscalía recoge que al salir a la luz pública la relación entre Alario, Bancaja y Actura, el denunciado abandonó la entidad financiera. Y que Alario justificó la compra por la oferta que le hizo un vecino a él y a sus familiares de unos terrenos lindantes a los suyos. "La actuación de Arturo Alario carece de relevancia. Suponiendo, a modo de hipótesis, que se hubiesen adquirido por la información obtenida por razón de su cargo en Bancaja, nada tipifica el Código Penal. Será la propia Bancaja quien deberá valorar dicha adquisición, como así lo hizo [...]. El Código Penal únicamente tipifica la utilización de información relevante para la cotización de valores negociados en algún mercado organizado al que haya tenido acceso por razón de la actividad profesional", recoge el escrito de archivo.

El fiscal considera nula la participación de Eugenio Pérez, el alcalde. Y añade que Pérez es efectivamente propietario de diversos terrenos procedentes en su mayoría de herencias o adquiridos en fechas muy anteriores a 2005, "por lo que no es razonable vincularlo al proyecto urbanístico".