Una apuesta innecesaria
La dirección provincial del PSOE de Málaga ha ratificado a Rafael Duarte como vocal de Urbanismo en la gestora de Marbella. Esta ratificación viene como consecuencia de haberse puesto en tela de juicio su idoneidad para este cargo, ya que había participado como asesor urbanístico del ex gilista Pedro Tirado y ex alcalde de Manilva, que es uno de los imputados tras la operación llamada Ballena Blanca. El PP, y algunas voces más, habían esgrimido estos hechos para provocar el cese o la dimisión de este vocal en la Gestora de Marbella y ahora, tras esta ratificación en el cargo, insisten atribuyendo al PSOE una doble moral. No se entiende -dice el PP- que se exija la dimisión de Salvador Guerrero y se consienta la permanencia de Rafael Duarte. Sin embargo, al margen de la oportunidad de mantener o no en el cargo a Rafael Duarte, pienso que este paralelismo no se da entre uno y otro profesional; que las causas de la dimisión de Salvador Guerrero no son extrapolables al gestor de Urbanismo. Las razones son fáciles de exponer como también de comprender, si se desea hacerlo. En el caso de Salvador Guerrero se sabe que su bufete ha defendido y está defendiendo a dos personas que han resultado imputadas en la operación Malaya, esto es la misma operación que ha traído como consecuencia la disolución de la Corporación municipal de Marbella. Pues bien, si lo que se pretende es que los vocales de la gestora puedan revisar los actos administrativos que pudieran ser irregulares, no parece razonable que entre sus vocales se encuentre una persona que cuando está en la gestora pueda dar su opinión sobre la legalidad o ilegalidad de tales actuaciones y, al mismo tiempo, su bufete esté sosteniendo en el juzgado la validez de aquellos actos cuya licitud se analiza. No hay una ausencia de relación con las partes, sino que por el contrario existe una presencia que puede suscitar, siquiera sea en el plano teórico, un cierto interés a favor de unos y de otros, hasta el punto que podría haberse dado el caso que los propios imputados rechazaran la defensa por no convenir a sus intereses que les defienda un bufete del que uno de sus abogados forma parte de la gestora. En fin que no se puede estar en misa y repicando. No es el caso de Rafael Duarte. Este vocal no ha intervenido como profesional en ninguna operación vinculada al Ayuntamiento de Marbella. Hay, pues, una ausencia de relación con las partes, llámese corporación o llámense las personas que pudieran resultar afectadas por la operación Malaya. No hay paralelismo, salvo para quien quiera verlo. No son supuestos iguales y, por tanto, no tienen que tener el mismo tratamiento. Con ello no quiero decir que no existan otras razones que pudieran aconsejar que este vocal ratificado no debiera permanecer en la gestora.
La gestora, en concreto los vocales, tienen una labor difícil, cuál es crear las condiciones elementales que permitan trabajar en el Ayuntamiento de Marbella, orientando el hacer público y eliminando cualquier atisbo de presencia directa, indirecta o de rebote, de quiénes han convertido este Ayuntamiento en su particular cortijo y lograr que, cuando lleguen las elecciones municipales en mayo del próximo año, las nuevas autoridades puedan trabajar en condiciones de casi normalidad. En este contexto, y aunque legalmente no haya incompatibilidad alguna ni intereses cruzados, que el vocal de urbanismo de la Gestora sea la misma persona que ha asesorado y haya redactado dos convenios urbanísticos para la sociedad Royal Marbella Estates, sospechosa de blanqueo de capitales y haya sido citado como testigo/perito de la defensa del ex alcalde Tirado que está imputado por cohecho, puede que no sea el profesional más adecuado. No obstante, como no existe ninguna relación con las partes, podrá discutirse la apuesta por este vocal por razones distintas a las de Salvador Guerrero, pero no por las mismas. El tiempo dirá si esta apuesta ha sido eficaz para la gestora y la imagen que está obligada a dar o si hubiera sido mejor, por razones de ejemplaridad, elegir a una persona que no hubiera tenido ninguna relación con autoridades de la misma zona que hoy están sujetas a procedimientos judiciales similares a los que se siguen contra algunas autoridades municipales marbellíes.
