La ley de la discordia

El 16 de diciembre (por eso ayer se manifestaban los hispanos a las 12.16, día 16 del mes 12) se inició el incendio. Aquel día se aprobaba el proyecto de Ley H. R. 4437 en la Cámara de Representantes, más conocido como la ley Sensenbrenner, ya que la impulsó el congresista republicano por Wisconsin Jim Sensenbrenner. Con 239 votos a favor y 182 en contra (de un total de 435 presentes), los congresistas se fueron de vacaciones de Navidad dejando sembrada la ley de la discordia, con tres puntos clave: a) ampliar los tramos de valla fronteriza entre México y Estados Unidos, que cubren unos 180 kilómetros, con otros 1.000 kilómetros y reforzar la verja con sensores y cámaras; b) convertir la inmigración irregular en un delito (hasta ahora no se criminalizaba), y c) castigar a los empresarios que contraten a indocumentados.

Ya en el año 2006, el proyecto de ley se enfrentó en marzo al moderado filtro del Senado y se abrió un plazo de dos semanas para lograr un acuerdo. Las opciones que había en juego eran: a) Bill Frist, líder de la mayoría republicana, proponía ampliar el número anual de visados de inmigración y penalizar a las empresas que empleasen a indocumentados; b) los republicanos John Cornyn y Jon Kyl proponían permisos temporales de cinco años para los indocumentados que se fueran de EE UU y solicitasen volver, y c) el republicano John McCain y el demócrata Ted Kennedy defendieron una vía que reforzase la vigilancia, pero que legalizase a los indocumentados si pagaban impuestos atrasados y una multa, tenían trabajo y estaban aprendiendo inglés; después de seis años, obtendrían la residencia permanente. Las dos últimas propuestas suponían para los grupos contrarios a la inmigración una amnistía encubierta.

Debate estancado

El 6 de abril, el Senado anunciaba que había logrado un acuerdo para reformar la ley de inmigración. Pero la ilusión duró poco. Republicanos y demócratas tenían posiciones encontradas. Y aprobar una ley de inmigración en vísperas de las legislativas, con la Iglesia, empresarios y sindicatos metidos en la discusión, era un tema más que explosivo. El Senado se fue de vacaciones de primavera sin haber cerrado el acuerdo, que en líneas generales era éste: a) los indocumentados que lleven más de cinco años en el país serían legales y aspirantes a conseguir la ciudadanía después de pagar una multa -se baraja la cantidad de 2.000 dólares (1.629 euros)- y ponerse al día en los impuestos no cotizados; además, tendrían que tener un empleo y comprometerse a estudiar inglés. Este grupo, según Frist, abarcaría el 60% de los indocumentados actuales; b) los que lleven de dos a cinco años -unos tres millones de personas- tendrían que salir brevemente de Estados Unidos y volver a entrar con un estatus de trabajadores temporales. A partir de ese momento, podrían iniciar el proceso de ciudadanía, y c) los que llegaron después de 2004 -entre uno y dos millones de personas- tendrían que volver a sus países y ponerse a la cola de los que solicitan un visado de trabajador temporal.