Las víctimas laborales

De nuevo el pasado 28 de abril, Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, recordamos a los más de dos millones de trabajadores que fallecen cada año en todo el mundo, así como a los 270 millones de accidentados y 160 millones que enferman, todos ellos víctimas de unas condiciones de trabajo inseguras, insalubres o insostenibles.

En España, la jornada ha coincidido con el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Durante estos 10 años se ha producido una gran transformación: hemos conseguido un importante avance en el reconocimiento social del derecho a la salud y seguridad en el trabajo, elevándolo a la categoría que se merece como asunto político, social, laboral y de salud de primer orden. También nos hemos dotado de un volumen considerable de personas, conocimientos, medios, políticas e instituciones preventivas de los que carecíamos. Todo ello ha hecho posible que en numerosas empresas los trabajadores estén más protegidos y reducir los índices de mortalidad en el trabajo.

Todavía hoy existe un déficit manifiesto de implicación de los empresarios en la prevención de riesgos laborales

Pero, a pesar de estos avances, la siniestralidad laboral sigue siendo un gravísimo problema y el peor indicador socioeconómico. Hoy todavía siguen muriendo cinco trabajadores a diario en España y en 2005 se produjeron casi un millón de accidentes, 906.836 de ellos en el puesto de trabajo y 1.369 mortales (379 de ellos in itínere), alrededor del 3% más que en el año 2004. Accidentes a los que se deben añadir otros muchos que ni tan siquiera aparecen en las estadísticas, como ocurre con los falsos autónomos en la construcción y el transporte, con los inmigrantes sin papeles en la agricultura y los servicios.

La falta de aplicación de las normas por los empresarios, la degradación del mercado laboral, el mantenimiento de una tasa de temporalidad que triplica la media de la Unión Europea, el uso abusivo de la subcontratación, el todavía insuficiente compromiso político de las administraciones, hacen que en España se sigan manteniendo las tasas de siniestralidad más altas de la Unión Europea. La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras consideramos que esta situación es inaceptable para la sociedad e insoportable para los trabajadores.

Por ello, exigimos un mayor compromiso de quienes tienen la responsabilidad legal de cumplir con las normas, los empresarios, y de quienes tienen la responsabilidad política de hacer cumplirlas, las administraciones públicas. Todavía hoy existe un déficit manifiesto de implicación de los empresarios en la prevención de riesgos laborales, ya que están más preocupados por la transferencia de responsabilidad que por asumir la prevención como un elemento fundamental de la organización productiva. También hay enormes carencias formativas e inexistencia de mecanismos efectivos de participación de los trabajadores y sus representantes, fundamentalmente en las empresas más pequeñas.

Asimismo, esperamos un papel más activo del ministerio fiscal desarrollando su función constitucional de promotor de la acción de la justicia frente a los delitos contra la seguridad de los trabajadores. La nueva figura del fiscal coordinador de siniestralidad laboral cuenta con todo nuestro apoyo para el desempeño de su importante labor.

Para corregir las deficiencias de nuestro sistema preventivo se está ahora debatiendo en el seno del diálogo social lo que será la primera estrategia española de salud y seguridad en el trabajo, que deberá ser la piedra angular de todas las políticas en salud laboral de los próximos años, al igual que lo fue el Plan Nacional de Acción contra la Siniestralidad Laboral, acordado por todas las administraciones y los agentes sociales en 1998.

El inminente acuerdo de reforma del sistema de reconocimiento de enfermedades profesionales debería servir para sacar a la luz una realidad oculta. El volumen y la gravedad de las enfermedades contraídas en el trabajo exige políticas protectoras específicas. El primer paso debe ser el conocimiento de las enfermedades profesionales que realmente se producen y que hoy no se reconocen.

Uno de los máximos exponentes de la gravedad de las enfermedades profesionales lo representa el amianto. Los sindicatos españoles nos unimos a la campaña sobre la prohibición mundial del amianto liderada por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). En España, al igual que en otros países da la UE, aunque el uso y comercio del amianto está ya prohibido, sus secuelas forman parte de nuestras vidas y sigue habiendo dos millones de toneladas instaladas, con riesgos para la salud pública y el medio ambiente, lo que obliga a los poderes públicos a adoptar medidas que garanticen la seguridad en el proceso de eliminación de este material y que den respuesta urgente a las demandas de las víctimas que ha originado. Lo merecen. Como todas las víctimas laborales.

Joaquín Nieto es secretario confederal de medio ambiente y salud laboral de Comisiones Obreras (CC OO), y Dolors Hernández, secretaria confederal de salud laboral y medio ambiente de la Unión General de Trabajadores (UGT).