La vuelta a casa de los ex consejeros

Mientras los seis nuevos consejeros del Gobierno catalán se instalan en sus despachos y se acostumbran al ritmo de sus agendas, algunos de los que abandonaron el Ejecutivo han vuelto a sus antiguas ocupaciones sin darse tregua y otros se han tomado un tiempo para encaminar su futuro profesional. Y tanto para los que todavía se hallan cavilando como para los que ya se han puesto en marcha, la rígida nueva ley de incompatibilidades de altos cargos -que ellos mismos votaron- ha sido, sin duda, trascendental. La norma, aprobada el pasado diciembre, prohíbe a los consejeros cesados de Gobernación, Joan Carretero; de Trabajo e Industria, Josep Maria Rañé; de Cultura, Caterina Mieras; de Universidades, Carles Solà; de Medio Ambiente, Salvador Milà, y de Agricultura, Antoni Siurana, emprender actividades privadas relacionadas con el cargo público que desempeñaron durante los dos años posteriores a su destitución.

Los cesantes pueden cobrar una pensión durante un tiempo máximo de 18 meses

Ningún obstáculo encontrarán en este sentido el republicano Carretero ni la socialista Mieras, que vuelven a ejercer la medicina. Mieras pidió la excedencia del hospital de Vall d'Hebron cuando el presidente Pasqual Maragall la eligió para su Ejecutivo. Ahora ha pedido retornar al centro en el que trabajaba como prestigiosa dermatóloga. Tiene un mes para reincorporarse. Sin embargo, la vuelta a la medicina no será definitiva, sino temporal, ya que la intención de la ex consejera es dedicarse a la política a tiempo completo. Cómo y dónde, lo está pensando.

A Puigcerdà regresa Carretero, municipio del que fue alcalde desde 1995 hasta que entró a formar parte del Ejecutivo. Allí no sólo era apreciado como edil, sino también como médico, oficio que ejercía a jornada completa mientras gobernaba el municipio. Los pacientes del centro de atención primaria de la capital de la Cerdanya volverán a someterse a los diagnósticos, curas y tratamientos del pediatra.

Parece que tampoco el valenciano Solà (independiente por ERC) chocará con la ley de incompatibilidades que el Gobierno tripartito impulsó con el fin de instaurar "la transparencia y la ejemplaridad", como apuntó hace unos meses el consejero de Economía, Antoni Castells. Con fama de campechano y de buen profesor, Solà ha pedido reincorporarse a su antigua cátedra de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Barcelona, centro del que llegó a ser rector desde 1994 a 2002.

Uno de los que tantean futuros caminos profesionales es el socialista Rañé. El que fue consejero de Trabajo e Industria, que no desea romper la relación con el PSC, todavía mantiene su presencia en algunos actos oficiales que compagina con encuentros con el mundo empresarial para despedirse del cargo. Los cercanos a él aseguran que es una persona sencilla y que no tiene ningún vértigo a la pérdida de su puesto en el Ejecutivo. Hoy no asistirá a las manifestaciones del Día del Trabajo, aunque lo celebrará más tarde con el sindicato UGT, de cuya directiva formó parte durante muchos años.

Quizá el consejero saliente al que más rodea el misterio es el economista leridano Siurana. Ex titular de Agricultura, Ganadería y Pesca, fue 22 años alcalde de Lleida y siempre ha estado vinculado al campo a través de sus familiares, dedicados a la agricultura en Torres de Segre. En este compás de espera, se dispone a emprender obras en su domicilio, y a ordenar y supervisar su archivo. Terminados sus proyectos, Siurana decidirá si continúa en la política. Fuentes cercanas al ex consejero aseguran que podría encontrar una salida en Madrid.

El que hasta el pasado día 19 gobernó el área de Medio Ambiente y Vivienda, el ecosocialista Salvador Milà, es al que más directamente podría afectar la ley de incompatibilidades de altos cargos. Milà, con gran experiencia municipal en el Ayuntamiento de Mataró (Maresme), ya ha vuelto a llevar el timón de su gabinete de abogados, del que nunca se desmarcó en su época de consejero. Siempre preocupado por la compaginación de su vida familiar y profesional, Milà es especialista en el derecho relacionado con la Administración local y el urbanismo. Según la ley, el ecosocialista no podrá emprender causas contra la Administración en asuntos que tocó en su día como miembro del Gobierno catalán durante un periodo de dos años.

Los consejeros salientes que eran diputados habían renunciado al escaño, y el subsiguiente sueldo cuando entraron en el Ejecutivo tripartito. Sólo el portavoz del Gobierno y titular de Obras Públicas, Joaquim Nadal, está autorizado a formar parte del Gobierno catalán y mantener el acta.

Según la ley de presupuestos, los consejeros que han cesado tienen derecho a cobrar una pensión durante un máximo de 18 meses en caso de encontrarse en el paro. Además, están obligados a renunciar a ella si la retribución de sus nuevas ocupaciones supera la cantidad de la pensión. De todos modos, es una medida muy poco solicitada.