Un escándalo de espionaje hace tambalearse a la cúpula política francesa

La cúpula del Estado francés se tambaleaba ayer. El diario Le Monde publicó la declaración judicial de un general de los servicios de espionaje en la que asegura que en 2004 el hoy primer ministro Dominique de Villepin -entonces titular de Exteriores-, siguiendo órdenes del presidente, Jacques Chirac, le dio instrucciones para involucrar al actual ministro del Interior y principal rival político de ambos, Nicolas Sarkozy, en el caso Clearstream, un listado de supuestas cuentas secretas en Luxemburgo destinadas a recibir sobornos. Villepin y Chirac lo niegan todo.

Los jueces ordenaron un registro en el despacho de la ministra de Defensa

Villepin dijo tener "instrucciones" en su reunión con el general Rondot

Sarkozy, que se encontraba ayer de viaje oficial en Córcega, mantuvo silencio. Preguntado sobre las revelaciones de Le Monde, respondió con una sonrisa pícara cruzándose los dedos en forma de cruz sobre sus labios. Para nadie es un secreto que el hombre que preside el partido gubernamental -la Unión por un Movimiento Popular (UMP)- estaba entonces y ahora en el punto de mira de Chirac, que nunca le perdonó la traición de haberse pasado al campo del ex primer ministro Eduard Balladur en las elecciones de 1995.

El asunto, que amenaza con terminar de hundir a Villepin y salpicar al inquilino del palacio del Elíseo, tiene su origen a mediados de 2003, cuando se extiende el rumor de posibles comisiones ilegales de una venta de fragatas de la empresa Thompson a Taiwan. El juez Renaud Van Ruymbeke, que investigaba el caso, recibió antes del verano de 2004 dos correos anónimos denunciando la existencia de Clearstream, "un sistema financiero e informático" en provecho de "intereses corruptos e incluso mafiosos".

Uno de los anónimos adjunta un listado de cuentas corrientes de la sociedad luxemburguesa. Dos de ellas, a nombre de Stephane Bocsa y Paul de Nagy. El nombre completo del ministro del Interior es Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagy Bocsa. Figuran también tres ex ministros: Jean Pierre Chevenement, Alain Madelin y Dominique Strauss-Khan, junto a banqueros y empresarios. El juez descubrió en enseguida que la lista era falsa, al menos en lo que a los políticos citados se refería.

Pero la cuestión es que la famosa lista estaba en manos de Villepin desde finales de 2003. El primer ministro admitió ayer en declaraciones a Le Figaro que "antes de 2004", cuando ocupaba la cartera de Exteriores, y también "en la primavera de 2004", ya como ministro del Interior, había ordenado a los servicios secretos que investigaran los "rumores" sobre el caso. Eso sí, Villepin jura que nunca hizo referencia a su rival Sarkozy.

Pese a ser exonerado de toda sospecha, el actual ministro de Interior -y los demás políticos afectados- decidieron acudir a los tribunales. El caso cayó en manos de dos jueces obstinados: Jean Marie d'Huy y Henri Pons. Nada emergió a lo largo de 2005 hasta que en Semana Santa, por sorpresa, los magistrados ordenaron un registro en el despacho de la ministra de Defensa, la muy chiraquista Michèle Alliot-Marie, buscando información.

No es de extrañar, porque según reveló ayer Le Monde, el general Philippe Rondot, un veterano de los servicios secretos, principal responsable de la captura del famoso terrorista Carlos y ex consejero en asuntos de espionaje en el Ministerio de Defensa, explicó el 28 de marzo a los jueces que a finales de 2003 recibió el encargo de hacer verificaciones sobre el caso Clearstream, pero no sobre los políticos supuestamente implicados.

El 9 de enero de 2004, Rondot fue recibido en Quai d'Orsay por el entonces ministro de Exteriores (Villepin), quien invocando "instrucciones", le encargó centrar la investigación en los políticos incluidos en la lista y especialmente en Sarkozy. La nota manuscrita del general sobre la reunión, según el vespertino parisiense, dice: "Asunto político: N. Sarkozy. Fijación sobre N. Sarkozy (ref. Conflicto J. Chirac / N. Sarkozy)".

Según explicó el general a los jueces, el nombre de Sarkozy "fue mencionado" en la reunión y el empresario Jean Louis Gergorin, hoy vicepresidente del conglomerado armamentístico EADS y amigo personal de Villepin, sacó de su chaqueta unos listados de cuentas que incluían varios nombres, entre ellos dos seudónimos que conducían a la identidad de Sarkozy. Las sospechas sobre la autoría de las listas se dirigen hacia Imad Lahoud, experto informático de turbio pasado (estuvo encarcelado por fraude), emparentado con el presidente libanés, y que trabaja en EADS junto a Gergorin. Lahoud lo negó todo ayer.

Villepin, que ayer por la mañana creía haber cerrado la crisis con su declaración a Le Figaro, y creía contar con la aquiescencia de Sarkozy, que el jueves por la noche pareció darse por satisfecho en una entrevista por televisión, salió ayer por cuarta vez a la palestra para desmentirlo todo. "Jamás" ordenó investigar las supuestas cuentas secretas de su rival, tan solo pidió a Rondot que verificase los "rumores sobre la existencia de redes mafiosas internacionales e intermediarios" en la cuestión de las fragatas.

Chirac no tardó en seguirle. Un comunicado del palacio del Elíseo desmentía "categóricamente" haber encargado investigar a políticos. "En lo que se refiere al asunto Clearstream, el presidente de la República desmiente categóricamente haber pedido la más mínima investigación sobre personalidades políticas cuyo nombre ha podido ser mencionado", decía la nota. El presidente, añadía, "siempre ha actuado en favor de la moralización de los mercados internacionales y por la lucha contra las redes mafiosas".

Sin embargo, el escándalo no para de crecer conforme se van conociendo nuevos datos. El semanario L'Express aseguraba que Alliot-Marie ocultó los informes que demostraban la inocencia de Sarkozy y el resto de políticos. La ministra de Defensa lo niega. Le Parisien apuntaba que, muy pronto, Villepin podría ser interrogado por los jueces y su despacho en el Palacio de Matignon, registrado al igual que el de Defensa, así como la sede de los servicios de espionaje. El Partido Socialista exige que se forme una comisión parlamentaria de investigación por tratarse de un "asunto de extrema gravedad".