Salvem El Cabanyal denuncia el plan que parte el barrio porque no hay declaración de impacto

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia europeo ha abierto la puerta a una nueva denuncia de Salvem El Cabanyal contra el plan del gobierno local de Valencia de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio. El fallo judicial condenó a España por no transponer correctamente una directiva europea y prescindir de las declaraciones de impacto ambiental de proyectos en suelo urbano. La plataforma vecinal considera que el plan que impulsa la alcaldesa, Rita Barberá, también incumple la normativa comunitaria y promueve una denuncia ante la Comisión Europea.

La ausencia de una declaración de impacto ambiental para el centro de ocio de Kinépolis en Paterna sirvió de base a la condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Gobierno alegó que se trataba de un proyecto en suelo urbano, donde el impacto ambiental sería prácticamente inexistente, un argumento que el tribunal rechazó porque la normativa comunitaria exige que se tenga en cuenta, además de la localización de la obra, su dimensión y naturaleza, aspectos que no recogía correctamente la legislación española. El Congreso de los Diputados aprobó recientemente la Ley sobre Evaluación Ambiental Estratégica, que corrige esta deficiencia, de modo que los proyectos de urbanizaciones, incluidos centros comerciales y aparcamientos, serán ahora susceptibles de someterse a evaluación de impacto ambiental. Para ello se implantará un procedimiento de preselección por el que el órgano ambiental competente decidirá si un proyecto debe tramitar el informe medioambiental.

Salvem El Cabanyal defiende que, al igual que en el caso de Kinépolis, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) que afecta al barrio debió superar una evaluación de impacto ambiental y ha incumplido la directiva comunitaria. Por ello, la plataforma impulsa una denuncia por infracción de la directiva en la que solicita a la Comisión Europea que verifique esta queja. El plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez por El Cabanyal se aprobó en 2001, y la directiva sobre evaluación de impacto ambiental entró en vigor en marzo de 1999, por lo que a juicio de la plataforma el alcance del proyecto de Barberá exigía cumplir con ese procedimiento.

La denuncia recuerda a la Comisión Europea que El Cabanyal-Canyamelar es un barrio marinero en el que el Consell declaró un conjunto histórico como Bien de Interés Cultural. La ejecución del PEPRI implicaría "la división del barrio en dos por una avenida de 48 metros, si bien la franja que se derribará alcanzará los 106 metros de anchura" con la idea de levantar edificaciones de cinco o seis alturas "y morfología diferente a la que caracteriza las de El Cabanyal-Canyamelar".

Efecto social y urbano

Además, el plan del PP supondrá "la destrucción de 450 inmuebles" -de ellos un centenar catalogados- que agrupan a 1.651 viviendas. También denuncia el escrito "la afectación por derribo de más de 25.000 metros cuadrados de la parte del barrio declarado BIC y 100.000 metros cuadrados del total del barrio histórico, así como el desplazamiento de más de 2.000 vecinos". La operación urbanística, por su dimensión y naturaleza, y sus consecuencias sobre la trama urbana y la estructura social del barrio comporta "un importante impacto" sin que se haya realizado una evaluación de las consecuencias ambientales, subraya Salvem El Cabanyal.

La organización de afectados ya advirtió sin éxito en su recurso contra el PEPRI ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano que la Ley de Patrimonio Histórico trata en un artículo la declaración de impacto ambiental. La sentencia europea que ha exigido corregir la normativa española para transponer correctamente una directiva abre ahora la puerta a una nueva impugnación del plan de El Cabanyal-Canyamelar. El PEPRI, además, continúa pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo, si bien ello no impide al Ayuntamiento actuar en el barrio, a excepción de la zona declarada BIC.