Gato por liebre

La proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía será remitida a la Mesa del Congreso de los Diputados en los próximos días, a fin de que se abra el proceso de negociación entre la Comisión Constitucional del Congreso y la delegación del Parlamento de Andalucía tal como está previsto para la reforma de los estatutos de las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución. El debate en las Cortes Generales está, pues, garantizado.

No se entiende, en consecuencia, muy bien por qué el PP, en lugar de ajustarse al calendario que está constitucional y estatutariamente previsto para el debate en las Cortes Generales, ha decidido precipitarse y plantearlo de una manera inapropiada en la sesión de control al Gobierno de este pasado miércoles. El diputado Juan Manuel Albendea preguntó al Gobierno por la proposición de ley que está siendo elaborada en el Parlamento de Andalucía, como si el Gobierno de la Nación tuviera algo que ver con lo que es una decisión, que por imperativo constitucional y estatutario, es competencia exclusiva del Parlamento andaluz. Como muy bien le contestó la vicepresidenta del Gobierno, los ciudadanos saben distinguir muy bien los debates reales de los imaginarios y acaban penalizando a quienes pretenden darles gato por liebre.

Éste es el fondo del asunto. El PP no ha aceptado que tiene en Andalucía la posición que los ciudadanos han querido que tenga. Cuando se celebraron las elecciones generales y autonómicas de 2004 todo el mundo sabía que, si las ganaba el PP, no habría reforma constitucional o estatutaria de ningún tipo, pero que, si las ganaba el PSOE, se abriría un proceso de reforma de la estructura del Estado, en el que se empezaría por la reforma de los estatutos del 151 de la Constitución, entre ellos el de Andalucía, cuya reforma ya había sido evocada por el presidente de la Junta de Andalucía en el debate sobre el Estado de la comunidad de 2001, antes de que se empezara hablar de reforma del Estatuto catalán. Cuando los ciudadanos españoles en general y andaluces en particular fuimos a votar en marzo de 2004, sabíamos, pues, qué es lo que estaba en juego. Y votamos como votamos. El PP perdió la minoría de bloqueo que tenía en el Parlamento de Andalucía con los resultados de las elecciones autonómicas de 2004. Los andaluces no quisimos que, en la legislatura en que se iba a plantear la reforma del Estatuto de Autonomía, dicha reforma dependiera del PP. Eso es lo que dijimos los andaluces en las urnas. No al arbitraje del PP. Posiblemente porque nos maliciábamos que, si del PP dependía, jamás se podría aprobar la mencionada reforma.

Esto es lo que resulta del proceso de legitimación democrática, en el que descansa toda nuestra organización política-jurídica, como ha recordado con frecuencia el Tribunal Constitucional. El PP no puede ser el árbitro de la reforma estatutaria andaluza porque los ciudadanos andaluces no hemos querido que lo sea. De ahí que, cuando la dirección del PP afirma que, si no hay acuerdo con él para la aprobación de la reforma, debe paralizarse la tramitación de la proposición de ley, esté pidiendo algo imposible, esto es, que los partidos a los que los ciudadanos andaluces le han dado la mayoría para que lleven la reforma adelante, renuncien a su fuente de legitimidad y traicionen el mandato que han recibido de los ciudadanos.

El consenso que la dirección del PP invoca es gato y nada más que gato y por mucho que quieran hacerlo pasar por liebre no lo van a conseguir. En una sociedad normalizada la legitimidad democrática es mensurable. Los votos se cuentan y cada partido vale lo que vale y no lo que él dice que vale. En Andalucía el PP no vale lo suficiente como para poder ejercer de árbitro de la reforma. Mientras no acepte que es así, estará situándose en una posición de fuera de juego que, como cualquier aficionado al fútbol sabe, es la posición más estéril de todas las posibles.