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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

ENCE no apuesta por la sostenibilidad

Todos los grandes medios de comunicación argentinos han dado cuenta de la manifestación que la campaña "¿Quién debe a Quién?" organizó ante la sede de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). El objetivo de esa manifestación era exigir que la CESCE no respalde el crédito concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la empresa papelera ENCE para su proyecto de construcción de una planta de celulosa en Uruguay. La planta funcionará con tecnología Kraft, lo que supone una liberación de dióxido de cloro al río Uruguay, muy dañina para la salud humana y el medio natural. Esta tecnología la usó la misma empresa en Pontevedra, donde fue condenada por delito ecológico. La oposición social en Argentina y el desastre ambiental que el proyecto acarrea han motivado que un banco holandés, ING, cancelase el crédito que tenía pensado conceder a la empresa finlandesa Botnia para otra papelera que debía operar junto a la de ENCE.

La CESCE, preocupada, al parecer, por su reputación, está recibiendo presiones del Gobierno español para asegurar la operación de ENCE. Cuesta entender qué intereses defiende el Gobierno al respecto, máxime cuando el préstamo del ICO se otorgó sin tener en cuenta los informes de impacto medioambiental y social de la papelera. La situación puede producir un alto coste político para el Gobierno, que desea asegurar el negocio por cuanto ello supondría que la CESCE -en caso de que ENCE no ponga en marcha la planta- devuelva el dinero al ICO para que después lo recupere el Gobierno uruguayo, con la consiguiente generación de una deuda externa cuyas consecuencias pagará la población durante décadas.

Este caso revela, en el marco del actual debate sobre la Ley Reguladora del Tratamiento de la Deuda Externa, la profunda necesidad de redefinir mecanismos de apoyo a la inversión española como los de la CESCE o los créditos FAD, que no conducen sino a una continua generación de deuda sin que se hagan valer estudios previos ni un control parlamentario de los impactos socioeconómicos y ambientales.

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