El Consell renuncia a ejercer acción alguna en el 'caso Orihuela'

El vicepresidente del Consell, Víctor Campos, aseguró ayer en las Cortes que el Ejecutivo no tiene intención de actuar respecto a las irregularidades en el Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP, como le pedían los socialistas. Campos afirmó que la responsabilidad de la Generalitat en torno al caso es "dejar que la justicia actúe". Mientras, la fiscalía de Alicante ceñirá a la Vega Baja su investigación en torno a la presunta financiación irregular del PSPV.

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Perelló recuerda al PP que el alcalde de Orihuela está imputado en más de 30 casos

Víctor Campos intervino ayer por la tarde en el pleno de las Cortes para responder a una pregunta del PSPV, que quería saber si el Consell tiene previsto actuar en relación con las "últimas" irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Orihuela, cuyo alcalde, del PP, según recordó el portavoz socialista adjunto Andrés Perelló, está "imputado" por más de 30 presuntos delitos o irregularidades. El vicepresidente afirmó que el Consell no va a actuar pendiente "de las cloacas de la demagogia" en las que, en su opinión, quieren vivir "algunos políticos" valencianos -en referencia a los socialistas- y que tampoco lo hará "en función de presunciones, insidias, rumores o acusaciones infundadas". Perelló replicó que "si hay cloacas, es porque algún desagüe vierte en ellas y algún cieno tiene que circular por ellas" y añadió además que "si vienen a la Cámara hoy es porque ya no aguantan más", ya que "las tapas de las alcantarillas han saltado con la presión de los casos de corrupción" en el PP. El diputado socialista recordó que el PP incumple en este caso, como en otros que mencionó, su propio código ético, pero Campos dijo que la responsabilidad de la Generalitat en torno a la cuestión es "dejar que la justicia actúe". Y no dejó escapar la oportunidad de utilizar el ventilador para señalar que las "últimas" novedades del caso Orihuela son otras, en alusión a la decisión del fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, de iniciar una investigación sobre la supuesta financiación irregular del PSPV.

"Todo lo que está en investigación nos parece perfecto", replicó Perelló, que advirtió: "Alguno de los que promueven alguna de las cosas que usted usa como ventilador tendrán que aguantar después, si no tienen razón, que algunos nos resarzamos de ellos con las acciones judiciales que correspondan".

Mientras, el fiscal José Antonio Romero precisó ayer que "ceñirá" la mencionada investigación al ámbito geográfico y a los responsables orgánicos del partido donde supuestamente se produjeron los hechos: La Vega Baja. En esas fechas, el secretario comarcal del PSPV de la Vega Baja era Francisco García Gelardo; el secretario local de Orihuela, el actual portavoz del grupo municipal del PSPV, Francisco García Ortuño; y el responsable de finanzas del PSPV, Josep Maria Cataluña.

Romero evitó desvelar las diligencias documentales o testificales que practicará para decidir si traslada o no la denuncia al juzgado. Con todo, el fiscal jefe prácticamente descartó que entre los llamados a declarar se encuentren "personas aforadas", porque ello supondría devolver las diligencias al Tribunal Superior de Justicia, órgano donde inicialmente se presentó la denuncia por estos hechos impulsada por la Asociación Profesional de Abogados y Juristas.

Este colectivo, próximo al PP, presentó la denuncia basándose en unas manifestaciones del portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, en las que manifestaba que dirigentes del PSPV contactaban con empresarios de la comarca para recabar apoyo económico. En su primer momento, y como crítica a la disolución de la agrupación local, Ortuño dijo: "Hasta este momento, Pla nunca había venido por aquí [la Vega Baja] y sólo me había pedido que le montara reuniones con empresarios de la comarca. Y Cataluña [responsable de finanzas del PSPV] venía luego a pasar la bandeja". Ayer, Ortuño aseguró. "Yo nunca dije, porque así me consta, que Pla pasara la bandeja. Tampoco he dicho que pasar la bandeja sea un delito". Y añadió: "Antes de las municipales de 2003, celebré otra reunión con Cataluña y Sarrià [secretario de Organización del PSPV]. Me propusieron que pasara la bandeja a Fenoll [empresario local] y que me llevara bien con él. Yo les dije que no".