La Guardia Civil detiene a tres posibles beneficiarios de falsas bajas laborales de la Seguridad Social

La Guardia Civil ha detenido a otras tres personas por su supuesta participación en el fraude a la Seguridad Social destapado hace varias semanas en Jerez. Según fuentes de la investigación, los tres implicados, que ya han pasado a disposición judicial, han sido detenidos por realizar supuestos pagos para obtener bajas permanentes por incapacidad laboral.

Aunque el secreto sumarial ha provocado en esta segunda fase de la operación un hermetismo de las fuentes de la investigación, sí ha trascendido que entre estos tres arrestados no figuran médicos, sino posibles beneficiarios de las bajas fraudulentas. Sin embargo, la Guardia Civil espera detener en los próximos días hasta una veintena de personas, entre las que podrían figurar cinco facultativos.

Las tres nuevas detenciones se suman a las diez que dejó la primera fase de la operación, que culminó con el ingreso en prisión de un inspector médico del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de Cádiz, acordado por el juez Juan José Parra. El magistrado decretó libertad provisional bajo fianza para cuatro de los detenidos.

En concreto, un trabajador que supuestamente compró una de las bajas falsificadas, el ex jefe de la Policía Local de Prado del Rey, quien supuestamente obtuvo una baja por invalidez para su propio beneficio; un médico de una mutua de la capital gaditana que ha evitado su ingreso en prisión tras el pago de 3.000 euros; y María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique, quien pagó una fiaza de 12.000 euros para eludir la cárcel.

Por último, el juez dictó libertad provisional con cargos y sin fianza para la secretaria personal del primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Jerez, Pedro Pacheco; un conocido empresario de Ubrique que supuestamente buscaba clientes para la compra de los informes médicos falsos; una funcionaria de un centro de salud del SAS de la localidad de San Fernando (Cadiz); un médico de un centro sanitario concertado de la provincia gaditana; y una tercera funcionaria del SAS.

El secreto sumarial que pesa sobre el caso llevó ayer al ministro de trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, a limitar sus explicaciones y posponerlas hasta el levantamiento del secreto sumarial, informa Europa Press. Caldera aseguró que acudirá al Senado para explicar "todos los datos" de la operación, pero ya adelantó que suspenderán de "manera inmediata" y "cautelarmente" el pago de prestaciones en cuanto se haga pública la identidad de los beneficiarios del presunto fraude.

El ministro, que corroboró que el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social se han personado como acusación particular "para ejecutar las acciones que pudieran corresponder", indicó que la trama desarticulada "podría tratarse de una estafa y no de un fraude a la Seguridad Social".