El fiscal solicita seis años de cárcel para un funcionario de Madrid
El ex empleado de una empresa municipal está acusado de apropiarse de 300.000 euros
Un jurado popular de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid comenzó ayer a juzgar a un ex empleado de la Empresa de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Madrid (ERESA), acusado de aprovechar su puesto para apropiarse de más de 50 millones de las antiguas pesetas (300.506 euros). El fiscal pide para él la pena de seis años y seis meses de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por malversación de caudales públicos.
Según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, Enrique A. J. fue empleado de la Empresa de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Madrid desde febrero de 1987 hasta junio de 1996. A lo largo de este tiempo, el procesado, aprovechando que su cargo en la empresa le otorgaba la posibilidad de disponer de los fondos que administraba la citada sociedad, se adueñó, desde 1995, de más de 50 millones de pesetas (300.506 euros) de la compañía, reintegrando tan sólo 658.140 pesetas (3.955 euros).
Estos hechos son calificados por el ministerio público como constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, por el que pide la pena de seis años y medio de prisión e inhabilitación por 15 años para el procesado. Asimismo, requiere el pago de una indemnización de 50,3 millones de pesetas a la Empresa de Recaudación Ejecutiva, S.A. (ERESA).
Inhabilitación
Por su parte, la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Madrid y la empresa ERESA solicitan la pena de ocho años de prisión para el acusado y su inhabilitación durante 20 años, mientras que la defensa, que califica los hechos de un delito de apropiación indebida, reclama un año de cárcel para el encausado con la atenuante de arrepentimiento.
En el acto del juicio oral, que comenzó ayer en la Sección Quinta de la Audiencia el imputado reconoció haber cometido los hechos. "La cantidad de dinero que me llevé ascendía a 50 millones de pesetas y el único beneficiario soy yo. Mis negocios empezaron a ir mal y para arreglar una torpeza cometí una torpeza mayor", declaró el acusado.
Asimismo, Enrique A. J. aseveró que confesó los hechos ante el juez de instrucción porque no podía "aguantar más", ya que, según dijo, sabía que las acciones que había llevado a cabo eran constitutivas de delito.
En la vista también testificó el jefe de la sección de contabilidad de la Empresa de Recaudación (ERESA) del Consistorio madrileño, quien dijo que se enteró de la falta de dinero de los fondos de la sociedad después de que Correos demandara el pago de dos facturas que, "en teoría", ya habían sido abonadas.
Otro de los testigos que compareció en la sala fue el jefe del departamento jurídico de ERESA, Juan José S. O., quien especificó que los hechos cometidos por el inculpado "ocasionaron un cataclismo en la empresa", ya que se despidió a gran parte de la plantilla.
El juicio a Enrique A. J. continuará hoy en la Sección Quinta de la Audiencia madrileña con la continuación de la prueba testifical y la exposición de los informes de conclusiones finales de las partes personadas en el caso.
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