El juez da cinco días a Julián Muñoz para ingresar en prisión por un delito urbanístico

El cerco judicial se estrecha sobre Julián Muñoz, a quien se le van agotando los recursos legales para eludir la cárcel. El titular del juzgado de lo Penal número cinco de Málaga ha dado un plazo de cinco días al ex alcalde de Marbella para que ingrese voluntariamente en prisión por un delito urbanístico cometido en 1998 por el que fue condenado a seis meses. El urbanismo ha llevado ya la primera polémica a la gestora, ya que el PP se opone al anuncio del presidente de suspender las alegaciones contra la retirada de las competencias por parte de la Junta. La gestora aprobó ayer su reglamento.

Expertos juristas consultados no se ponían ayer de acuerdo sobre si la presentación del recurso paralizará la entrada en prisión del que fue alcalde de Marbella entre mayo de 2002 y agosto de 2003. Julián Muñoz tiene a sus espaldas unas 40 causas judiciales por delitos urbanísticos. El juzgado de Instrucción número cuatro de Marbella accedió el pasado día 17 a la petición de la defensa de Muñoz de agrupar en un mismo procedimiento 14 de estas causas abiertas contra el ex alcalde y otros concejales del GIL por conceder licencias de obras contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El juez dictó el pasado 23 de febrero una resolución en la que ordenaba la ejecución inmediata de la condena a seis meses de prisión que le fue impuesta a Muñoz y a otros seis ex ediles por conceder una licencia urbanística ilegal para la construcción del complejo Banana Beach en septiembre de 1998. Sobre Muñoz pesa también una condena, que todavía no es firme, a un año de prisión por otorgar una licencia ilegal a la entidad Proinsa para la construcción de 150 viviendas garajes y locales comerciales.

El urbanismo es también el objeto de la primera polémica en el seno de la comisión gestora que dirige el Ayuntamiento de Marbella. El anuncio del presidente, Diego Martín Reyes, de que suspenderá las alegaciones que la corporación ya en funciones presentó a la Junta de Andalucía contra el expediente de retirada de competencias urbanísticas al consistorio ha sido contestado por el PP. La presidenta de esta formación en Marbella, Ángeles Muñoz, ha censurado a Martín Reyes que se alíe con el PSOE y la Junta, y entiende que la administración autonómica debía dejar en suspenso el expediente para que la corporación que salga elegida en las elecciones de mayo de 2007 tenga plenas competencias para diseñar la ciudad.

La comisión gestora sólo tiene facultades para desarrollar el planeamiento pendiente, pero no para elaborar un nuevo PGOU.

Salvador Guerrero formalizó ayer su dimisión como vocal de la gestora, como le pidió el PP tras difundirse que defendía a uno de los ex concejales imputados en la operación Malaya. Guerrero aclaró que no considera que haya incurrido en incompatibilidad alguna. "Legalmente no está previsto que la defensa de un justiciable frente al Ayuntamiento sea causa de incompatibilidad, sólo cuando el vocal que sea abogado dirija un procedimiento contra el Ayuntamiento tendrá que optar por una cosa o por la otra", arguyó.

Por otra parte, 26 asociaciones integradas en la Plataforma por el Futuro se presentarán como acusación particular para reclamar indemnizaciones en el proceso judicial derivado de la operación Malaya, ya que consideran que sus negocios han sufrido las consecuencias de la mala imagen proyectada desde Marbella.