El PP elige al docente Javier García como nuevo vocal de Hacienda en la gestora de Marbella

El PP propondrá hoy al director de colegio Javier García como nuevo vocal de la comisión gestora de Marbella en sustitución del abogado Salvador Guerrero. García será el responsable de Hacienda y Economía, tras la dimisión de Guerrero el pasado viernes, nueve horas después de asumir el cargo, al conocerse que su bufete representa al ex edil de Cultura José Jaén, imputado en la Operación Malaya. Por otro lado, la comisión gestora suspenderá hoy el recurso presentado por la anterior corporación contra el expediente de retirada de competencias urbanísticas iniciado por la Junta.

El PP remitirá hoy sendos escritos a la Diputación malagueña, cuyo pleno designó el pasado miércoles a los 16 vocales, y a la comisión gestora, para que García pase a ser el nuevo vocal. Para ello, el organismo provincial debe emitir la correspondiente credencial como hizo con los vocales de la gestora, y posteriormente, tomará posesión. García figuraba en cuarto puesto en la relación de seis suplentes de vocales propuestos por el PP, pero esta circunstancia no ha supuesto impedimento para que sustituya a Guerrero, según informó la agencia Efe. "No hay orden de sustitución ya que no es una lista electoral y los seis están al mismo nivel", aclararon fuentes del PP.

Los populares acordaron pedir la entrega del acta de Guerrero, cuyo bufete defiende al ex concejal de Cultura, José Jaén, actualmente en libertad bajo fianza. Muñoz justificó la decisión para "huir de la polémica" y mantener el prestigio del abogado. Tras esta inesperada renuncia, el PP reestructurará la asignación de áreas que le corresponde asumir en la gestora. El reparto de áreas inicialmente planeado, sufrirá una "mejor adecuación", según declararon fuentes del partido.

Por otro lado, la comisión gestora de Marbella suspenderá el recurso presentado por la anterior corporación municipal contra el expediente de retirada de competencias urbanísticas iniciado por la Junta. "No merece la pena reclamar esas competencias, porque la gestora no debe ejercitarlas para no hipotecar el futuro de la ciudad", aclaró el presidente de la gestora, Diego Martín Reyes. El abogado socialista explicó que el recurso le parece "inútil" y que la comisión gestora no debe hacer gastos en honorarios de abogados a sabiendas de que sus acciones judiciales no tendrán consecuencias prácticas.

La portavoz del Partido Popular en Marbella, Ángeles Muñoz, le recriminó a Martín Reyes su postura en el enfrentamiento con la Junta, y le acusó de que "no puede ser ni un comisario político de la Junta ni del PSOE". "Ponerse directamente al lado de la administración andaluza anulando el recurso planteado por la anterior corporación es mermar e impedir que Marbella decida su futuro como ciudad", añadió Muñoz. Para la portavoz popular es "muy grave" que el presidente "plantee una cuestión tan trascendental sin haber contado con el apoyo de los miembros y sin haber estudiado el expediente".

Esta mañana la gestora celebra su primera sesión plenaria, extraordinaria y urgente, que aprobará el reglamento de organización y funcionamiento por el que se regirá este órgano. Martín Reyes explicó que "mientras que no tengamos aprobado el reglamento no podemos echar a andar y comenzar a funcionar", y señaló que espera contar hoy con los listados de contrataciones, tanto de personal como de obras y de otros servicios, que le solicitó al secretario Leopoldo Barrantes, imputado tras la Operación Malaya. Además, Martín Reyes pretende firmar hoy los decretos de delegación de las áreas que corresponden a cada uno de los 16 vocales propuestos por los cuatro partidos.

Ayudas económicas

Por su parte, Izquierda Unida presentará propuestas, tanto al Gobierno central como a la Junta, para que Marbella reciba ayudas económicas extraordinarias y paliar así la delicada situación que atraviesan las arcas municipales. El parlamentario Antonio Romero elevará dichas propuestas al parlamento andaluz para que la Junta "elabore un plan económico de apoyo a la gestora con fondos de los presupuestos", además de lograr que el Ejecutivo central habilite un crédito específico "para atender los déficit que se presentan y garantizar que los servicios públicos funcionen con normalidad".

Por otro lado, los Verdes pedirá "formalmente una investigación del patrimonio de los jueces y fiscales que ejercieron en Marbella durante la etapa oscura de los gobiernos corruptos", según acordó ayer la asamblea provincial del partido. "No nos explicamos cómo es posible que de 300 denuncias formuladas desde 1991 por Los Verdes y colectivos ecologistas y vecinales, sólo media docena hayan terminado en juicio y condena", explica una nota dela formación.