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El Gobierno plantea otro conflicto de competencias a la Comunidad

El Consejo de Ministros que dirige José Luis Rodríguez Zapatero planteó ayer un nuevo conflicto de competencias a la Comunidad de Madrid en relación con la construcción del último tramo de la vía de circunvalación M-50 y de la autopista radial de peaje R-1. El Ejecutivo central cuestiona que el Gobierno de Esperanza Aguirre tuviera potestad para adjudicar los concursos de consultoría y asistencia de los proyectos de construcción y explotación de las obras "Cierre Norte de la M-50, tramos A-6 a M-607, y M-607 a A-1" y "radial 1, tramo El Molar a M-12".

Un portavoz del Ministerio de Administraciones Públicas explicó que se trata de "recurrir cada acto administrativo" relacionado con dichas infraestructuras, para evitar que la Comunidad de Madrid siga adelante con ellas.

El Gobierno central considera que el Ejecutivo madrileño vulnera las competencias exclusivas que otorga al Estado el artículo 149.1 apartado 24 de la Constitución Española. En el catálogo de competencias estatales, este artículo incluye: "Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma".

Según el Gobierno, las dos carreteras fueron declaradas de interés general en un Real Decreto de 2003 por el cual el Consejo de Ministros -presidido entonces por José María Aznar (PP)- modificó la nomenclatura de la Red de Carreteras del Estado. "Es, por consiguiente, el Ministerio de Fomento el competente para realizar los correspondientes estudios, proyectos y obras de construcción", agrega el comunicado del Gobierno.

Suspensión de actuaciones

El Ejecutivo de Zapatero anunció que había trasladado a sus servicios jurídicos la petición para interponer "la correspondiente demanda, con expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución, a fin de que se produzca la suspensión de las actuaciones de la Comunidad".

Dicho artículo habilita al Gobierno para impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones de las comunidades autónomas. Y agrega: "La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

El Consejo de Ministros ya planteó una cuestión de competencia sobre las actuaciones del Gobierno de Aguirre en relación a la radial 1 y al tramo norte de la M-50. Entonces se trataba de los "concursos de adjudicación de los contratos de consultoría y asistencia del anteproyecto de construcción y explotación de las obras de las dos infraestructuras". La cuestión fue admitida a trámite por el Tribunal Constitucional, lo que implicó la suspensión durante cinco meses de las disposiciones del Ejecutivo de Aguirre. Si el Constitucional no dicta sentencia en este plazo, deberá decidir si mantiene la suspensión por cinco meses más o la levanta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 22 de abril de 2006